Madrid.- Los familiares de los 62 militares muertos en el accidente del Yak-42 en Turquía, hace ahora 8 años, confiesan que siguen buscando justicia y afirman que el indulto solicitado para los dos médicos condenados "hace más profundas las heridas que no acaban de cerrar y que posiblemente solo alegre a su inmediato responsable, el exministro Federico Trillo".
El 26 de mayo de 2003 un avión ucraniano, un Yak-42, se estrelló en las cercanías de Trebisonda y los 62 militares españoles que iban a bordo fallecieron, además de los 12 tripulantes ucranianos y un ciudadano bielorruso.
Los militares regresaban a España tras cuatro meses y medio de misión en Afganistán.
Al cumplirse mañana los ocho años, los familiares de los militares fallecidos rendirán homenaje a sus parientes en diversos actos convocados en el monte Pilav de Trebisonda, donde se produjo el accidente, y ante los monumentos erigidos en su recuerdo en España: la calle Constitución de Zaragoza, el Cuartel Castrillo del Val de Burgos, y el Cuartel General del Aire de Madrid.
La Asociación de Familiares del accidente del Yak-42, que agrupa a más de 40 de los 62 fallecidos, se concentrará mañana en el lugar del accidente, en un acto al que está previsto que acudan el embajador de España en Turquía, Joan Clos, y el agregado de Defensa, coronel Alfonso Timón, entre otras personalidades locales y ciudadanos.
Esta asociación, en una carta difundida con motivo del octavo aniversario, manifiesta que su deseo es "que no se les olvide ni a ellos ni a todos los militares que han dado durante este tiempo su vida por España".
Tras señalar que "un año más seguimos trabajando por que se conozca la verdad", lamentan que "ocho años después sigue la causa en los tribunales por la mala gestión en la contratación del Yak".
"A todo este dolor de pleitos venimos a sumar la indignación con la que las familias hemos recibido la noticia de que la Audiencia Nacional y la Fiscalía apoyan el indulto de los dos médicos condenados", en alusión al comandante José Ramírez y el capitán Miguel Saez, condenados a 18 meses de prisión por falsear las identificaciones de 30 de los 62 militares muertos.
"Un indulto que a las familias nos hace más profundas las heridas que no acaban de cerrar y que posiblemente solo alegre a su inmediato responsable, el exministro Trillo, que no dudó en enviar a la identificación de nuestros militares a un equipo de médicos militares entre los que no había ni un solo forense".
En su carta, la Asociación afirma que los familiares siguen buscando justicia y recordando a sus parientes "con el mismo sentido del honor con el que marcharon a su misión de paz".
A raíz del accidente se pusieron en marcha tres procesos judiciales, de los que dos están concluidos a favor de las víctimas y se mantiene abierto otro sobre la contratación del avión.
La Audiencia Nacional mantiene abierta una causa con seis miembros de la cúpula militar imputados, entre ellos el exjefe de Estado Mayor de la Defensa, Antonio Moreno.
Actualmente se está a la espera de las últimas comisiones rogatorias solicitadas.
Según fuentes de las familias de los militares, la causa ya consta de más de 42 tomos y más de 16.000 folios.
En cuanto a la causa civil, los juzgados de Zaragoza condenaron a la aerolínea (UM Air), la contratista (Chapman Freeborn), y la aseguradora (Busin Joint) a una indemnización de 6,2 millones.
El otro proceso concluido fue la causa penal sobre las falsas identificaciones abierto en la Audiencia Nacional contra dos generales y dos comandantes acusados de falsear la identidad de 30 de los fallecidos.
El juicio acabó con la condena de 3 años de cárcel al general Vicente Navarro, y 1,5 años al comandante Ramírez y al capitán Sáez, por falsedad documental.
Actualmente se está a la espera de la decisión del Gobierno, sobre el indulto de los dos médicos, para que no pierdan su carrera militar.
El general Navarro falleció el pasado mes de junio, por lo que tampoco entró en prisión.
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