FES-UGT cree que los despidos en banca que pide Bruselas son "inaceptables"

  • La Federación de Servicios de UGT (FeS-UGT) consideró hoy que los despidos que pide la Comisión Europea para las entidades nacionalizadas son "inaceptables", y aseguró que abordará las negociaciones con la intención de reducirlos todo lo posible.

Madrid, 29 nov.- La Federación de Servicios de UGT (FeS-UGT) consideró hoy que los despidos que pide la Comisión Europea para las entidades nacionalizadas son "inaceptables", y aseguró que abordará las negociaciones con la intención de reducirlos todo lo posible.

En un comunicado remitido hoy, el sindicato insiste en calificar de "salvajes" las medidas impuestas ayer por la Comisión Europea para estas cuatro entidades -Bankia, CatalunyaCaixa, NovaGalicia y Banco de Valencia-.

Entre las citadas medidas, destaca la obligación de las entidades nacionalizadas de reducir su tamaño en más del 60 % de aquí a 2017, a cambio de recibir una ayuda pública de 37.000 millones de euros, de los que 17.960 millones irán a Bankia, otros 5.425 millones a Novagalicia, 9.080 millones a CatalunyaCaixa, y otros 4.500 millones al Banco de Valencia.

La FeS-UGT, dice la nota, "abordará la negociación sobre estas medidas desde el punto de partida de que el plan es a cinco años", y añade que espera que los responsables de las entidades afectadas traten las negociaciones con calma, sin prisas y sin condiciones previas para los trabajadores que tengan que salir de las compañías financieras.

Mientras los responsables de esta situación "viven tranquilos", indica UGT, los trabajadores y los ciudadanos son los que están pagando, con más de 40.000 empleos perdidos -incluyendo las nuevas cifras propuestas-, "miles de familias desahuciadas, miles de ciudadanos y trabajadores atrapados en las trampas de las preferentes y, por último, el crédito retenido".

"Y todo para regalar a ciertos bancos entidades saneadas con fondos públicos a cambio de un euro", dice el sindicato, que añade que la operación del Banco de Valencia "ha supuesto la renuncia del Estado a recuperar los 5.000 millones de euros puestos y que aumentarán directamente el déficit público".

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