Fianza civil de 807 millones al exconsejero andaluz por los ERE fraudulentos

Sevilla, 23 may.- La juez que investiga los Expedientes de Regulación de Empleo (RE) fraudulentos, Mercedes Alaya, ha impuesto una fianza de 807 millones de euros al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, destinada a afrontar sus futuras responsabilidades civiles y no a eludir la prisión que cumple desde el 24 de abril.

La juez, en varios autos notificados hoy a las partes y a los que ha tenido acceso Efe, acuerda pedir a la Junta información sobre las ayudas tramitadas a través de una partida presupuestaria nueva, la 22.E.4., así como solicitar todos los ERE "que no están en vigor" y requiere a la Policía que investigue ayudas a 24 empresas.

Fuentes del caso han informado a Efe de que la fianza a Fernández ha sido fijada en 807.403.232 euros y responde a las ayudas que abonaron las agencias andaluzas IFA e IDEA a través de la partida 31.L entre 2001 y 2010, así como las primas pagadas a distintas empresas y ayudas individuales a varios perceptores.

La cantidad es inferior a los 890.052.666 euros que pidió la Fiscalía Anticorrupción porque la juez no ha aplicado el incremento que prevé la Ley de Enjuiciamiento Criminal y se produce tras los 686 millones que fijó como fianza para Francisco Javier Guerrero, exdirector de Trabajo encarcelado desde marzo.

La fianza debe cubrir la futura responsabilidad civil de Fernández, acusado de "idear y elaborar" el convenio que permitió las ayudas investigadas, y no es para eludir la prisión comunicada y sin fianza que le impuso la juez tras cuatro días de declaraciones.

La juez Mercedes Alaya, en uno de los autos notificados hoy, dice que ha observado que el ERE de la empresa Hitemasa se pagó con cargo a la partida presupuestaria 22.E.4 y no la 31.L o "fondo de reptiles", por lo que requiere a la Junta para que informe sobre las ayudas sociolaborales pagadas con cargo a dicha partida y "si existe alguna o algunas distintas de las anteriores para dar curso" a las citadas subvenciones.

Además, concreta su acusación contra el medio centenar de imputados y asegura que los responsables de la Junta, "desoyendo los importantes reparos de la Intervención General", utilizaron un procedimiento que permitió que las ayudas acabaran "en manos de personas próximas a los ejecutores y conseguidores del plan diseñado, ya fueran familiares, amigos o próximos al partido de Gobierno de la Junta".

La juez acuerda que la Policía investigue ayudas a 24 empresas, entre ellas los 16 millones de euros entregados a Heinekken, tres millones a Corchos de Cazalla, otros tres a Matadero de Sierra Morena, un millón a TGA Aeroestructuras, 1,2 millones a Scafa y 1,5 millones a Grupo TPM.

Pide además que la Policía elabore un listado de los falsos trabajadores que aún perciben prestaciones oficiales y con cargo a qué empresas y ordena que la investigación sobre los bienes de Antonio Fernández, Francisco Javier Guerrero, el "conseguidor" Juan Lanzas y Antonio Rivas, exdelegado de Empleo en Sevilla, se haga extensiva a sus cónyuges, padres, hijos, hermanos y sus respectivas parejas.

Por otra parte, en otro auto acuerda unir a su investigación sobre los ERE las diligencias abiertas por el juzgado de instrucción 5 contra Guerrero, denunciado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por conceder dos ayudas de 1,2 millones a la empresa Maestrazgo "con total desprecio al Derecho y a los trámites exigidos legalmente".

Dicha sentencia, emitida por denuncia del BBVA al negarle la Junta la cesión de las ayudas a Maestrazgo, consideró que el comportamiento de Guerrero fue "nulo de pleno derecho, al prescindir total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido".

En otras resoluciones, Alaya ha acordado embargar a la dueña del restaurante Río Grande sus acciones en el negocio para cubrir la fianza de 1,9 millones y a Guerrero le embarga cinco cuentas corrientes, además de solicitar listado de los bienes que posea al Registro de la Propiedad.