Fiscal admite excluir dos acusados juicio de las "herrikos" por prescripción

San Fernando de Henares (Madrid), 17 oct.- El fiscal ha admitido hoy la petición de las defensas de excluir a dos de los 36 acusados en el juicio por financiar a ETA a través de las "herriko tabernas" porque sus delitos de integración en banda terrorista estarían prescritos, si bien el tribunal lo decidirá más adelante.

El primer día del juicio que se celebra en la Audiencia Nacional ha concluido hoy en la fase de las cuestiones previas, que se lleva a cabo antes de la declaración de los acusados y en la que también se ha pedido que se juzgue con posterioridad al exdirigente abertzale Joseba Álvarez por enfermedad.

Los dos acusados que han reclamado que se les excluya del juicio por prescripción del delito son Josu Iraeta y José Antonio Egido, que se enfrentan a una petición fiscal de diez años de cárcel.

Sus defensas han argumentado que sus delitos estarían prescritos porque en 2002, cuando empezó la investigación, hacía más de diez años que habían dejado sus actividades en plataformas vinculadas a ETA.

El fiscal ha aceptado estas explicaciones, pero las otras acusaciones (AVT y Dignidad y Justicia) se han opuesto, por lo que el presidente del tribunal, Ángel Hurtado, ha explicado que estudiará el asunto y decidirá el próximo lunes.

Otra letrada ha solicitado que se exima del deber de acudir a las vistas, que se alargarán en diferentes sesiones hasta febrero, a Esther Aguirre, mujer del también acusado exdirigente abertzale Joseba Permach, para que pueda atender a sus hijos, así como a Jasone Manterola por razones parecidas.

Por enfermedad grave, ha reclamado que se deje no ir a Jose Luis Franco, Juan Carlos Rodriguez, Andrés Larrea y Vicente Enekotegi.

El magistrado presidente ha afirmado que decidirá más adelante sobre las dos mujeres y ha dictado que el lunes los médicos forenses examinen a los otros cuatro.

La defensa de la asociación Askabide Liberación de Bilbao, una de las 110 "herriko tabernas" que aparecen como responsables civiles en el proceso, ha pedido que se la excluya del juicio porque la policía cometió un error confundiéndola con una "herriko" del mismo nombre.

En realidad, ha afirmado su letrado, esta asociación se dedica a la atención de personas vinculadas a la prostitución en un barrio de Bilbao, argumentos que ha aceptado el tribunal, que la ha apartado del proceso.

La segunda sesión del juicio comenzará mañana con más cuestiones previas y el interrogatorio de los procesados, que se enfrentan a penas de entre 8 y 12 años de cárcel. El primero en declarar será Joseba Permach.

A la primera jornada del juicio que se celebra ante la sección segunda, compuesta por los magistrados Ángel Hurtado, Clara Bayarri y Julio de Diego, ha acudido la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, en solidaridad con las víctimas del terrorismo, que ha sido recibida por el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes.

Han asistido también el fiscal jefe de la Audiencia, Javier Zaragoza, y los diputados de Amaiur Xabier Mikel Errekondo, Jon Iñarritu y Maite Aristegi.

En el lado de las acusaciones, se sientan los fiscales Vicente González Mota y Marcelo Azcárraga y los letrados de las dos acusaciones populares, cuyos presidentes también han acudido.

La presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, espera que se haga justicia con estas personas porque, según ha recalcado a lo periodistas, "es tan terrorista el que busca el dinero para matar que el que aprieta el gatillo".

Por parte de las defensas, hay cuatro abogados de los 36 acusados y veinte letrados que representan a las "herriko tabernas" como responsables civiles.

Uno de los acusados, el histórico dirigente de la izquierda abertzale Karmelo Landa, ha calificado por su parte el juicio de "político" y "anacrónico". "Da la impresión de que el Gobierno del PP no ha asimilado un hecho que es evidente para la ciudadanía: que la izquierda abertzale ya es legal", ha opinado a las puertas del tribunal.

El juez Baltasar Garzón abrió este sumario en 2002, en 2008 lo concluyó y en 2010 la Fiscalía remitió el escrito de acusación contra los exdirigentes de Batasuna, entre los que destacan Joseba Permach (actual dirigente de la coalición EH-Bildu) y Rufino Etxeberria, para los que pide doce años de cárcel.

En esta causa estaba acusado también Arnaldo Otegi, pero finalmente se le levantó la imputación porque ya había sido juzgado por los mismos delitos en el caso Bateragune.