Madrid, 30 ene.- La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha rebajado de tres a un año y tres meses de prisión su petición para 18 de los 19 simpatizantes de la izquierda abertzale que interrumpieron la constitución del Ayuntamiento de Llodio en junio de 2003.
Durante el último día del juicio celebrado ante la sección primera de la sala de lo penal de este tribunal, el fiscal Miguel Ángel Carballo ha solicitado imponer esta pena por un delito de coacciones terroristas o, en su defecto, una de cinco meses por delitos contra altos cargos de la Nación por la protesta contra la ilegalización de la plataforma Laudio Aurrera.
Además, el Ministerio Público ha considerado que cabe aplicar la atenuante por dilaciones indebidas en el procedimiento y ha retirado la acusación contra Aitor de la Torre Aramendi -que en su declaración negó haber acudido al pleno del consistorio- por no poderse probar su participación en los hechos.
Para Carballo, ha quedado acreditado que fue una "coacción total y absoluta" y que la celebración del pleno "no fue una provocación por parte de los concejales del PP", ya que fue la propia secretaria del Ayuntamiento de Llodio la que estimó que al menos se debía "intentar" celebrar el acto de constitución.
En concreto, Carballo ha asegurado que los acusados eran "conscientes de la situación", y que el acto estaba "perfectamente organizado", ya que previamente Pablo Gorostiaga, el alcalde saliente de HB, había redactado un bando en el que informaba a los vecinos de Llodio que deslegitimaba a la nueva formación que lo iba a gobernar.
Respecto de la "tremenda declaración" dada por Jon Karla Menoyo, alcalde entrante del PNV en 2003, el fiscal considera que "no dijo la verdad en absoluto" porque era "imposible" que cualquiera que hubiera presenciado los incidentes no oyera ruidos o insultos.
"No te pongas donde no te corresponde, no te dejo hablar, sal por la puerta de atrás y si no aceptas esto eres un provocador", así ha descrito el fiscal la situación creada por los procesados en el salón de plenos al ocupar los sitios que les correspondía a los concejales.
Y ha concluido afirmando que no cree que las víctimas tuvieran que ceder al "chantaje de los acusados".
Por su parte, una de las acusaciones particulares ha solicitado que se les imponga una pena de seis años y medio por los delitos de coacciones, uno de atentado y otro contra las instituciones del Estado.
"La gravedad de estos hechos es que son parte de la estrategia de la coacción y del miedo", ha asegurado en su informe final el letrado Javier Ortega, que representa a algunos de los concejales agredidos -entre ellos, Santiago Abascal Conde-, y ha añadido que se ha podido probar que se dio "una situación en medio de una guerra, una situación dantesca".
Mientras, la abogada Laura García, que ejerce la otra acusación particular por parte del resto de agredidos, se ha referido a los incidentes como una "jauría humana", y ha mantenido su petición de cinco años de prisión para los procesados a excepción de Jon Ander Altube, para el que solicita un año de prisión por un delito contra las instituciones del Estado.
Por su parte, la defensa, que pide la absolución de los acusados, ha instado al tribunal a que visualice de nuevo los vídeos ya que considera que "no se ve absolutamente nada ni el más mínimo amago de agresión", y ha añadido que el escrito del fiscal era "magnífico" porque cuestionaba que sea un delito de coacciones terroristas.
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