Burgos, 30 sep.- El crecimiento de la planta judicial y de la Fiscalía en los últimos años ha sido "impresionante" y es "insostenible", ha afirmado el fiscal superior de Castilla y León y miembro del Consejo Fiscal, Manuel Martín Granizo.
En declaraciones a Efe, Martín Granizo ha puesto como ejemplo que en los últimos siete años, durante los dos gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, se ha pasado en España de 1.500 fiscales a 2.400.
Tras señalar que el crecimiento de la administración de Justicia en los últimos años ha sido muy superior al del resto de las administraciones públicas, el fiscal superior de Castilla y León ha adelantado que ahora habrá que "imaginar otras soluciones para resolver los problemas de los ciudadanos que acuden a la Justicia con lo que hay, que no es poco".
En este sentido, Martín Granizo ha considerado "positivas" las reformas decididas por el Ministerio de Justicia para racionalizar el trabajo judicial, corregir la dispersión de órganos y mejorar el aprovechamiento de las nuevas tecnologías.
En esta línea se sitúa la puesta en marcha de la Oficina Judicial, todavía en fase de implantación, o la organización de la Oficina Fiscal, con la que se pretende un diseño similar en todas las fiscalías provinciales.
La nueva oficina fiscal pretende la creación de un pequeño equipo de apoyo a los fiscales jefe en cada provincia y que las estructuras, salvando las diferencias por el tamaño de cada provincia, sean lo más similares posible porque "durante años en algunas fiscalías se ha optado por suplir los vacíos legales con más o menos acierto y eso ha dado lugar a diferencias entre provincias", ha explicado Martín Granizo.
El fiscal superior de Castilla y León, que ha sido propuesto para su reelección por el Fiscal General del Estado y será refrendado por el Consejo de Ministros al ser el único candidato al puesto, ha considerado "imprescindible" la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y ha expresado su deseo de que los próximos gobiernos continúen con la línea iniciada, al menos en sus principios fundamentales.
Ha recordado que tal como está proyectada la reforma, la Ley de Enjuiciamiento Criminal dejará la dirección de la investigación en causas criminales en manos de los fiscales, algo que ya se viene haciendo desde hace años en países del entorno. EFE
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