El magistrado al frente de la causa Púnica, Manuel García Castellón, no va a archivar -al menos por el momento- la causa abierta en esta trama de corrupción contra la que fuera consejera de Educación del gobierno madrileño Lucía Figar. El instructor toma esta decisión en base a las últimas pesquisas efectuadas por la Fiscalía Anticorrupción, que estrecha el cerco a los contratos que habría adjudicado Figar desde su consejería a empresas vinculadas con el informático Alejandro de Pedro a cambio de labores de mejora de imagen que llevó a cabo en las redes sociales.
En un auto al que ha tenido acceso La Información, el instructor expone que resulta "imposible" a día de hoy determinar la responsabilidad penal de la exconsejera madrileña teniendo en cuenta que esta parte de la investigación todavía continúa y que, en el marco de la misma, no se descarta volverla llamar a declarar en calidad de investigada. Rechaza de esta manera la pretensión formulada por su defensa y lo hace de acuerdo al criterio de las fiscales del caso Teresa Gálvez y Carmen García, quienes expusieron en su informe que hay que esperar al final de las indagaciones para pronunciarse sobre su futuro procesal.
Sea como fuere, la Fiscalía Anticorrupción ha puesto el foco en las adjudicaciones de contratos públicos que habría otorgado "a dedo" Figar desde su consejería a las empresas del considerado como 'conseguidor' de la trama. Dichos contratos servirían para pagar de manera subrepticia los trabajos personales de reputación que la mercantil de De Pedro, Eico, realizó para diferentes políticos del gobierno de Esperanza Aguirre. En contraprestación a estos servicios de promoción de imagen que realizaron tanto De Pedro como José Antonio Alonso Conesa, Figar les adjudicó "de forma reiterada" contratos públicos que simulaban la búsqueda de información relativa a la Consejería de Educación.
Pefiles falsos para elogiar a la consejera
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 al frente de esta causa no pasa por alto que la 'popular' fue una de las primeras acusadas que contrataron los servicios del informático a finales de 2010 y los mantuvo hasta 2014 con una frecuencia prácticamente mensual. Los servicios en cuestión consistían en enaltecer su figura a través de perfiles falsos. Tanto es así, que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil intervino un fichero Excel con cuentas de Twitter que contenían nombres y apellidos ficticios. Respondían todos ellos a una estrategia de acción que incluían 'hashtags' tales como #tomasgomez #mareaverde o #barcenas.
Las empresas de De Pedro, a través de un equipo de periodistas y de informáticos, neutralizaban las noticias negativas de todos los políticos que contrataron sus servicios y también posicionaron seguidores ficticios por Facebook y otras redes sociales igualmente con mensajes favorables a todos ellos. Estas labores, "en ningún caso" fueron costeadas por los políticos en cuestión a nivel individual sino que fueron sufragadas con fondos públicos a través de contratos y facturación pública con un 'modus operandi' propio.
Trabajos fraccionados por cuantías de 21.000 euros
Para ello se utilizaron los nombres de cuatro empresas distintas para facturar los servicios mientras que, por el contrario, las facturas emitidas a la Consejería fueron presentadas desde Eico a nombre de distintas sociedades que no tenían vinculación entre sí. El fraccionamiento de estos trabajos nunca rebasó la cuantía de los 21.000 euros con el fin de ocultar la adjudicación directa a De Pedro, también investigado en la causa, y de aparentar la existencia de varios proveedores, si bien solo había una relación comercial establecida y era con Eico. Como resultado de todo ello y a cambio de estos trabajos, se adjudicaron dos contratos para el 'conseguidor' del proyecto 'Study in Madrid'.
Figar no es la única miembro del PP madrileño implicada en esta parte de la investigación; recientemente el juez instructor expuso que el que fuera consejero de Presidencia en el Gobierno de Ignacio González, Salvador Victoria, ordenó que desde Indra se accediera al pago de 10.000 euros para De Pedro. De esta forma García Castellón concluyó que quedaba demostrado que el ejecutivo regional desvió fondos públicos desde empresas adjudicatarias de la Comunidad de Madrid como Indra y Price WaterhouseCoopers (PwC) a la mercantil del informático, y en muchos de los casos incluyendo además "un precio indiciariamente sobrevalorado".
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