La Haya, 10 sep.- La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) defendió hoy su independencia en la apertura del juicio al vicepresidente de Kenia, William Ruto, que se sienta en el banquillo de los acusados junto al periodista keniano Joshua Arab Sang por presuntos crímenes de lesa humanidad entre 2007 y 2008.
"Las investigaciones han estado sujetas a los escrutinios judiciales independientes en sus estadios más importantes", enfatizó la fiscal jefe de la CPI, Fatou Bensouda, en sus alegatos iniciales.
Remarcó también que la Fiscalía "ha intervenido" en el conflicto en ese país africano "solamente después de que fallaran los intentos de Kenia por implementar los mecanismos judiciales para estos crímenes".
La CPI se rige por el principio de complementariedad, que significa que no puede abrir investigaciones hasta que se demuestre la incapacidad o falta de voluntad del país donde se han cometido los crímenes para perseguirlos.
"Hoy mucha gente ha olvidado el intenso esfuerzo de la CPI en 2008 y 2009 para que Kenia estableciera juicios nacionales, (...) lo que finalmente falló", argumentó la fiscal para acreditar la labor de la corte, contestada por las autoridades kenianas tras saberse las acusaciones a sus actuales vicepresidente y el presidente, Uhuro Kenyatta.
Aclaró que el "único objetivo" del juicio es "establecer ante la corte la culpabilidad o la inocencia de los acusados".
"No es un juicio contra Kenia o los kenianos, no es sobre la imputación a uno u otro grupo étnico o partido político, no es sobre la interferencia en asuntos africanos, sino que este juicio trata de obtener justicia para las muchas víctimas de la violencia postelectoral para asegurar que no hay impunidad para los responsables, independientemente de su posición o poder", afirmó.
Para la fiscal, el inicio del juicio contra Ruto "es la culminación de una investigación larga y difícil en la que su oficina "se ha visto enfrentada a problemas de cooperación" y ha tenido que afrontar "obstáculos relacionados con la seguridad de los testigos".
De hecho, siete testigos se han retirado ya del caso y el proceso se aplazará después de esta vista hasta el próximo martes a causa de esta circunstancia, apuntó el abogado defensor de Ruto, Karim Kahn.
Unos 80 parlamentarios kenianos se desplazaron hasta La Haya para mostrar su oposición a un juicio que consideran de naturaleza política.
El Parlamento de Kenia aprobó hace una semana una resolución para iniciar el proceso de retirada de ese país del Estatuto de Roma, que regula el funcionamiento de la CPI, lo cual podría tardar hasta un año en formalizarse.
Esa decisión no afecta a la marcha de los procesos ante la CPI ya en curso, según apuntó la Secretaría de la corte.
Sobre la naturaleza de los crímenes, que presuntamente tuvieron lugar en la provincia del Valle del Rift (una extensión en el este de Kenia que la recorre de norte a sur), la fiscal destacó lo "difícil que es imaginar el sufrimiento, el terror de los hombres, mujeres y niños que fueron quemados vivos, mutilados hasta la muerte o perseguidos para que abandonaran sus casas".
La mayor parte de las víctimas eran seguidores del partido entonces en la oposión PNU, compuesto en su mayoría por personas de la etnia "kikuyo", la cual mantenía rencillas con la etnia "kalenyin", mayoritaria en el Valle del Rift y a la que pertenecían los seguidores de Ruto.
"Ruto aumentó las tensiones históricas entre las etnias 'kalenyin' y 'kikuyo' para sus propios fines políticos y personales", afirmó la fiscal Bensouda.
El presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, cuyo juicio está previsto para el próximo 12 de noviembre, también está acusado de los mismos crímenes que su vicepresidente, tras lo cual se convertirá en el primer jefe de Gobierno en funciones que comparece ante el Tribunal de La Haya.
Kenia solicitó a la CPI que el juicio de ambos mandatarios no coincidiera en el tiempo por cuestiones de gobernabilidad de ese país africano, por lo que los jueces han decidido que ambos procesos se celebren alternativamente a partir de noviembre en bloques de cuatro semanas.
La Fiscalía estima que los episodios de violencia postelectoral en Kenia se saldaron con más de un millar de muertes y unos 600.000 desplazados.
La CPI abrió sus puertas en 2002 con el objetivo de juzgar crímenes de guerra y lesa humanidad, incluido el genocidio, en todo el mundo.
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