El pago por parte de Juan Carlos I a Hacienda de 680.000 euros no va a implicar el cierre inmediato de las diligencias que sigue la Fiscalía del Tribunal Supremo por la gestión de su fortuna. Al contrario, el órgano que dirige Dolores Delgado ha aclarado en una nota que el equipo de fiscales que dirige Juan Ignacio Campos estudiará la "espontaneidad, veracidad y completitud" de su declaración tributaria en el marco de una investigación "más amplia" que, lejos de ver el final, se va a seguir llevando a cabo por la Fiscalía del alto tribunal.
La nota que hace pública la Fiscalía General del Estado se conoce tras la reunión mantenida este viernes por el equipo de fiscales responsable de la investigación al padre de Felipe VI. Según explican fuentes del órgano, los expertos están centrados ahora en estudiar toda la documental que han remitido los peritos de Hacienda. La misma hace referencia a la declaración voluntaria que presentó esta misma semana para saldar su deuda con la Agencia Tributaria y evitar así que las diligencias -que todavía no están judicializadas- acaben en apertura de un procedimiento penal.
La defensa del Emérito actúa de este modo en base a lo recogido en el artículo 305 del Código Penal. El mismo establece que la situación tributaria queda regularizada cuando el pago de la deuda se produce antes de que se le notifique el inicio de actuaciones por parte de la Agencia Tributaria o bien antes de que se interponga querella o denuncia contra él. Fuentes de la Fiscalía explican que en noviembre se notificó a su defensa la existencia de estas pesquisas que se centran en los gastos que efectuó el Emérito y otros miembros de la Casa Real (entre los que no se encuentran el Rey Felipe VI ni la Reina Letizia) con unas tarjetas opacas.
Las mismas figuraban a nombre de un tercero, el teniente coronel del Ejército del Aire Nicolás Murga Mendoza aunque los fondos pertenecen al magnate mexicano Allen Sanginés-Krause. Durante esos años, el Monarca se habría beneficiado de los plásticos así como de regalos del empresario, íntimo amigo suyo, sin haber declarado dichas dádivas a Hacienda. Se trata de un asunto que comenzó investigando Anticorrupción y que derivó a la Fiscalía del alto tribunal al tratarse de una persona aforada. Además, este órgano sumaba unas diligencias anteriores relativas al presunto cobro de dádivas en el marco de la adjudicación del AVE de La Meca-Medina.
A estas dos hay que añadir una tercera, la última, que se encuentra en estado "embrionario" pero que nació tras la recepción de un informe del Sepblac en relación a unas cuentas ocultas en la Isla de Jersey. Por ello, la Fiscalía aclara ahora que estudiará la declaración del Monarca sin que ello implique el fin de las indagaciones. En el caso de las tarjetas opacas, será determinante esclarecer todos los detalles relacionados con la notificación que hizo la Fiscalía a la defensa de Juan Carlos I acerca de la existencia de estas diligencias. Especialmente en relación a lo dictaminado por el Tribunal Supremo sobre este asunto.
La notificación de noviembre
En una sentencia de febrero de 2019 recogida por este diario, la Sala de lo Penal concluyó que una citación formal de la Fiscalía podía invalidar una regularización en la Agencia Tributaria. La Sala estudió el caso de un empresario gallego el cual recibió una citación de la Fiscalía para declarar por delitos contra la Hacienda Pública. Dos días antes de la fecha señalada, procedió a regularizar los pagos pendientes. Ante esa actitud "exculpatoria" el alto tribunal le respondió que había actuado de manera "artificiosa" y que en el momento había sido notificado se producía un "bloqueo automático" pese a que la citación no fuera del todo precisa o no estuviera detallada en todos sus términos.
Con este antecedente, se considerará clave la fórmula con la que el pasado mes de noviembre la Fiscalía notificó la existencia de estas pesquisas. Desde el despacho de abogados del Emérito no quieren dar más detalles al respecto y se remiten al comunicado lanzado hace dos días en el que apuntaban que lo habían dado a conocer por expreso deseo de su cliente y que éste quedaba "como siempre" a disposición del Ministerio Fiscal. A falta de conocer el resultado de las pesquisas, el órgano que dirige Dolores Delgado adelanta que estas diligencias no terminan con la regularización del Rey y que seguirán adelante con las investigaciones.
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