Fiscalía pide procesar a magistrados que anularon persecución contra Serrano

  • La Fiscalía de Guatemala pidió retirar la inmunidad a los dos magistrados de una Sala de Apelaciones que el martes anularon la persecución penal en contra del expresidente Jorge Serrano, exiliado en Panamá, para procesarlos por prevaricación, informaron hoy fuentes judiciales.

Guatemala, 29 jun.- La Fiscalía de Guatemala pidió retirar la inmunidad a los dos magistrados de una Sala de Apelaciones que el martes anularon la persecución penal en contra del expresidente Jorge Serrano, exiliado en Panamá, para procesarlos por prevaricación, informaron hoy fuentes judiciales.

Un portavoz de la Fiscalía dijo a los periodistas que la petición para que les sea retirado el derecho de antejuicio a los magistrados Sergio Lima Morales y José Israel Jiatz Chalí fue presentada el viernes ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

"Estos magistrados incurrieron en los delitos de prevaricación, violación a la Constitución y denegación de justicia al haber emitido un fallo ilegal", precisó la fuente.

Según la legislación guatemalteca, la petición deberá ser enviada a un juzgado de primera instancia para que analice si existen evidencias de supuestos delitos por parte de los magistrados señalados, el cual deberá rendir un informe a la Cámara de Amparos y Antejuicios de la CJS, la que deberá decidir en definitiva.

El martes, en una votación dividida, dos a uno, los magistrados de la Sala Tercera de Apelaciones anularon las órdenes de captura y extradición emitidas en junio de 1993 por un juzgado de primera instancia en contra de Serrano, con el argumento de que se "violó" el debido proceso porque no se respetó el derecho de inmunidad de que gozaba el expresidente.

Ese fallo fue revocado el jueves por la Cámara de Amparos y Antejuicios de la CSJ al amparar de manera provisional a la Procuraduría General de la Nación (PNG) que en representación del Estado recurrió la resolución de la Sala de Apelaciones.

El Ministerio Público acusa al exmandatario de al menos 13 delitos, entre ellos violación a la Constitución, rebelión, abuso de autoridad y corrupción, como consecuencia de haber ordenado la disolución de los poderes Legislativo y Judicial, y suspender varios artículos de la Constitución, cuando el 25 de mayo de 1993 protagonizó un "autogolpe" de Estado.

Serrano, exiliado en Panamá desde junio de ese año, en donde se ha destacado como empresario, se ha declarado un "perseguido político", insiste en su inocencia y asegura que existe una conspiración en su contra.

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