Fuego cruzado entre oposición y tripartito por las cuentas de CDC y el hotel del Palau

Barcelona.- La comisión de investigación sobre el desvío de fondos del Palau de la Música se ha abierto hoy con un fuego cruzado entre oposición y tripartito, que se han intentado poner mutuamente contra las cuerdas lanzándose acusaciones sobre la financiación irregular de CDC y el proyecto del hotel del Palau.

En una intensa jornada, que se ha prolongado durante unas diez horas, los partidos han descubierto sus cartas y, mientras el tripartito intentaba hurgar sobre la posible financiación irregular de CDC a través de la Fundación Trias Fargas -que recibía fondos del Palau-, la oposición ha cargado contra la gestión del conseller de Economía, Antoni Castells, por el convenio para la construcción de un hotel de lujo junto al emblemático edificio modernista.

Pese a que el tripartito sigue vetando la comparecencia de Castells -aunque con matices internos ya que ERC e ICV-EUiA la podrían pedir más adelante-, la oposición ha logrado que gran parte de la sesión de hoy versara sobre las supuestas irregularidades del Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat en la operación de recalificaciones, que supusieron para la administración catalana una pérdida patrimonial de 5,6 millones de euros.

La directora general del Patrimonio, Immaculada Turu, ha defendido con vehemencia el proyecto del hotel, ha insistido hasta la saciedad que Castells no firmó con Millet un "convenio" sino un "protocolo de intenciones" del que no se derivaba ninguna obligación y ha evitado cuantificar la pérdida patrimonial sufrida por la Generalitat porque: "no la tengo aquí", ha dicho.

Sin embargo, por la tarde, el gabinete del conseller Castells ha emitido un comunicado en el que admite que el "convenio" suscrito en su día comportó una pérdida patrimonial de 5,6 millones de euros, que ahora esperan recuperar mediante una indemnización que, según Turu, pedirán o bien al Palau o bien al promotor, Olivia Hoteles.

La directora general de Patrimonio ha asegurado además que fue el entonces secretario general de Presidencia, Ramón García Bragado, quien defendió ante Economía este proyecto, extremo que por la tarde ha confirmado el director del Consorcio del Palau, Joan Llinares.

Precisamente, Llinares, que ha dejado claro que el documento firmado con Castells era un convenio del que se desprenden obligaciones, ha desvelado que la Generalitat le ha reclamado al Palau de la Música una indemnización sin cuantificar por el proyecto del hotel, que la entidad se niega a pagar por considerar que no debe "nada a nadie".

La intervención de Llinares ha sido aprovechada por los grupos del tripartito, y en menor medida también por el PP y Ciutadans, para intentar dar un vuelco al curso de la jornada y centrar la atención en la supuesta financiación irregular de CDC a través de la Fundació Trias Fargas.

En este sentido, Llinares ha admitido que en la entidad se han encontrado "documentos extraños", como manuscritos, mecanografiados y ficheros informáticos, sobre adjudicación de obras públicas que se están investigando para descubrir si existe una relación con los pagos a la Fundación Trías Fargas, próxima a CDC.

A preguntas del diputado de ERC Pere Bosch, Llinares ha reconocido que hay algunas coincidencias temporales entre los ingresos recibidos en el Palau de la Música de la empresa Ferrovial, patrocinadora de la entidad, y los pagos de la institución a la Fundación Trias Fargas.

En base a esas anotaciones, ERC deduce que un 75% de los pagos anuales de entre 60.000 y 120.000 euros que la Fundación Trias Fargas recibió durante seis años procederían de la empresa Ferrovial, adjudicataria de las obras de la línea 9 y de la Ciudad de la Justicia, que encargó el ejecutivo catalán cuando estaba gobernado por CiU.

Por otra parte, Llinares ha desvelado que el Palau de la Música ya ha recuperado 6,8 de los 33,6 millones de euros que se calcula que saquearon de la institución sus antiguos responsables, Fèlix Millet y Jordi Montull.

Pese al montante del desfalco, el interventor general de la Generalitat, Josep Maria Portabella, ha defendido la técnica auditora de la Generalitat que durante años no detectó el desvío de fondos de la entidad dirigida por Fèlix Millet, aunque ha admitido que existen "aspectos mejorables", como impedir que las mismas personas tengan capacidades ejecutivas en entidades relacionadas entre ellas.