Fujimori deja atrás imagen de fragilidad y planta cara al Gobierno de Humala

Carmen Jiménez

Lima, 9 nov.- El expresidente peruano Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, dejó atrás la imagen de fragilidad que lució en sus últimas apariciones y retó al Gobierno de Ollanta Humala saltándose las normas carcelarias.

Después de que el tribunal que lo procesa por su presunta participación en la compra de la línea editorial de diarios sensacionalistas le llamará la atención por no prestar atención al desarrollo del juicio, Fujimori se desquitó en una entrevista en la que declaró su inocencia tanto en ese caso como en los otros por los que ya ha sido condenado y dijo tener la conciencia tranquila.

Fujimori hizo estas declaraciones el jueves desde el teléfono público instalado en el puesto de salud de la prisión y acompañado por los congresistas Julio Gagó y Kenji Fujimori, su hijo menor, quienes se colocaron en la puerta de la enfermería para impedir el ingreso de los agentes penitenciarios mientras el expresidente concedía la entrevista a la emisora Radio Programas del Perú (RPP).

Las autoridades penitenciarias solicitaron cortar la línea del teléfono publico desde el que Fujimori hizo la entrevista y han adelantado que será sancionado y que el castigo será determinado en un plazo máximo de 15 días por las autoridades de la prisión.

La sanción puede implicar la restricción de sus comunicaciones con el exterior, a los días de visita e incluso puede suponer su aislamiento, así como su traslado a otro penal.

Pero el Gobierno peruano todavía no ha ofrecido ninguna reacción ni tampoco el Congreso se ha pronunciado sobre la actuación de los congresistas Gagó y Kenji Fujimori.

De esta manera, Fujimori vuelve a mostrar las garras al presidente Humala, quien le negó el indulto humanitario en junio pasado al tomar en cuenta las recomendaciones de la Comisión de Gracias Presidenciales, que evaluó el caso y señaló que no presentaba una enfermedad terminal ni transtornos mentales graves.

Tras la denegación del indulto, el enfrentamiento entre el gobierno de Humala y la excandidata presidencial Keiko Fujimori se ha ido endureciendo y han sido constantes sus enfrentamientos verbales.

Si en las últimas semanas la estrategia de Fujimori pasó por lucir en los juzgados un aspecto desaliñado y una frágil salud, ahora pasa nuevamente a la acción e incluso no descarta volver a la política activa si eventualmente es beneficiado con el arresto domiciliario, un pedido que fue rechazado la semana pasada, en primera instancia, por la Justicia peruana.

La familia de Fujimori ha realizado diversos intentos para sacarle de prisión aduciendo su delicado estado de salud, ya que según sus hijos, el expresidente se ha sometido a un total de cinco intervenciones quirúrgicas para combatir el cáncer de lengua y además padece depresión severa.

Desde las filas del oficialismo, el expresidente del Congreso y legislador oficialista, Daniel Abugattás ha aconsejado a la familia de Fujimori que solicite al Gobierno de Ollanta Humala que el ex jefe de Estado, en su condición de súbdito japonés, cumpla el resto de su condena en Japón para acabar con la polémica que rodea su caso.

Pero además la controvertida entrevista también ha servido para volver a poner en el centro del debate los privilegios que tiene Fujimori, ya que en el penal en el que está recluido no hay ningún otro preso y cuenta con 17 empleados por lo que es el preso más caro de Perú y ha recibido durante este año 338 visitas de congresistas.

El exmandatario (1990-2000) cumple una condena a 25 años de cárcel por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado de 25 personas por los casos de las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992).

Asimismo, por los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, tras el llamado "autogolpe" de Estado que dio en abril de 1992.

Este nuevo episodio supone una patata caliente para Humala, quien afronta la segunda etapa de su mandato con una baja popularidad en las encuestas.

Y es que según el último sondeo de la firma CPI, el 65,3 por ciento de los encuestados apoya el arresto domiciliario para el expresidente Fujimori, mientras que el 31,9 % piensa que debe seguir en el penal.