Funcionarios públicos fiscalizarán las cuentas y datos económicos del Rey

Cambios históricos en la Monarquía española. El Tribunal de Cuentas fiscalizará por primera vez, y mediante una auditoría externa, la actividad económica y financiera de la Casa Real y en qué gasta su presupuesto. Así lo recoge el decreto aprobado por el Gobierno sobre la estructura y el funcionamiento de la Jefatura del Estado para reforzar su transparencia. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha dado a conocer esta medida en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que se ha detallado que serán los funcionarios públicos los que fiscalicen las cuentas y actividades económicas del Rey y que los altos cargos que trabajan con los monarcas tendrán que publicar "anualmente" sus bienes al principio y al final de su responsabilidad.

El Tribunal de Cuentas, dependiente de las Cortes Generales, es el máximo órgano encargado de fiscalizar la contabilidad y la gestión económica del Estado, de sus instituciones y de otras entidades que reciben fondos públicos. Sin embargo, hasta ahora no tenía competencia para fiscalizar el presupuesto de la Corona, algo que tampoco puede hacer el Congreso. Bolaños ha informado de que en próximas fechas se va a aprobar un convenio entre el Tribunal de Cuentas y la Casa Real para sentar las bases de la auditoría externa que ha de verificar "la imagen fiel del patrimonio y la situación financiera" de la Jefatura del Estado.

El real decreto llega un día después de que Felipe VI haya decidido hacer público su patrimonio, cifrado en 2,57 millones de euros, de los que 2,2 millones corresponden a fondos bancarios y 305.000 euros, a obras de arte, antigüedades y joyas. Según el Palacio de la Moncloa, la reforma normativa que se aprueba hoy tiene como objetivo "reforzar la transparencia, la rendición de cuentas, la eficiencia y la ejemplaridad en la Casa Real" y que la Corona "de un paso adelante" en materia de transparencia, rendición de cuentas y transparencia con el fin de equipararse "a los más altos estándares" de otras realezas europeas.

El texto recoge que algunos de los servicios se vincularán a la función pública y "así la Oficina de la Intervención de la Casa Real será ejercida por un funcionario del cuerpo superior de interventores y auditores del Estado y el consejero diplomático será un funcionario perteneciente a la carrera diplomática", detalla Bolaños incidiendo en que de esta forma "se apuesta por la función pública en la Casa Real". Otra de las medidas recogidas en el decreto es que la Casa Real deberá, a partir de ahora, dar publicidad a todos los procedimientos de contratación que lleve a cabo, respetando la autonomía presupuestaria de la que goza Felipe VI para decidir en qué gasta el dinero asignado por el Estado.

Ha explicado además que la normativa recoge a todas las medidas en favor de la transparencia que Felipe VI ha aprobado desde su proclamación en junio de 2014 y que hasta ahora no tenían rango legal, incluyendo que los altos cargos de la Casa del Rey han de publicar su declaración de bienes y patrimonio al asumir el cargo y a su marcha. Las medidas contempladas en el decreto han sido fruto, según el ministro, del "trabajo compartido" desde hace meses entre el Gobierno y la Casa Real y al que el PP ha dado su visto bueno. 

Bolaños ha señalado que también ha sido una norma que ha contado "con el acuerdo del Gobierno en su conjunto", al referirse a Unidas Podemos. "Ha sido un acuerdo pacífico", ha apostillado. Al tratarse de un real decreto, la fórmula a través de la que se regula el funcionamiento de la Corona, no tiene que ser convalidado por el Congreso, con lo que no se dará pie a un debate entre los partidos sobre la monarquía. En cuanto a los regalos que se reciban, todos formarán parte de un inventario y serán donados. 

El texto también establece toda la información que de forma periódica se ha de publicar en la web de la Casa de su Majestad el Rey para dar información a toda la ciudadanía: el presupuesto y los estados trimestrales de ejecución, todos los contratos suscritos por la Casa del Rey, las retribuciones, los regalos institucionales y la memoria anual de actividades. Además, habrá convenios de colaboración con la Abogacía del Estado, para el servicio de asesoramiento jurídico, y la posibilidad de ir constituyendo posibles convenios de colaboración con distintas administraciones y con distintos órganos de la Administración del Estado.