El sector de la 'comida rápida' o 'comida basura' está en el punto de mira del gobierno de coalición. El Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere intervenir el mercado del 'fast food' para desincentivar su consumo. Esta tarea ha recaído en el nuevo Ministerio de Consumo que ahora capitanea Alberto Garzón, que se ha comprometido a revisar la fiscalidad y el etiquetado de estos productos vendidos por grandes multinacionales como McDonald's. Dicho plan se traduciría en una subida de impuestos, aunque aún no se ha concretado de qué forma se haría. Pero las opciones para llevarlo a cabo son muy reducidas, y pasan por dos vías: la ambiciosa, que es la de crear un impuesto específico al sector, o la de elevar las tasas de ciertos productos tras analizarlos uno a uno, según explican expertos en legislación nutricional a esta redacción.
La vía más factible de las que se están estudiando en el ministerio es la de aplicar subidas del IVA a productos con alto contenido en azúcares o grasas saturadas. Algo en lo que sería clave el sistema de categorización NOVA, que los clasifica en cuatro categorías por las que se determina si son recomendables para ser consumidos o si por el contrario deberían comerse de manera ocasional por no aportar ningún beneficio para el organismo. El Grupo 1 está formado por la base de nuestra alimentación, como las frutas y verduras; el 2 comprende a los alimentos más destinados ser un acompañamiento; el 3, a los de ingesta ocasional y preferiblemente combinados con lo del primer grupo; y el 4 a los que es mejor evitar.
Esto implicaría un análisis pormenorizado de cada producto ofrecido por las empresas afectadas para ver cuáles deben sufrir un aumento de los impuestos correspondientes o si se quedan como están. "Sería analizar cada carta o cada catálogo para señalarles que algo que venden pertenece a una categoría u otra", señalan expertos del sector, que recuerdan que NOVA es "el sistema más utilizado a nivel mundial por ser el que genera más consenso". Un aval que se debe especialmente a que su clasificación se basa en el grado de procesamiento de los alimentos. En cuanto a cifras concretas, las primeras estimaciones que se lanzan desde el entorno de Unidas Podemos hablan de una subida del IVA del tramo del 10% hasta el del 21% para toda la comida ofertada que no cumpla con el estándar de calidad que se marque.
Siguiendo en esta línea, la otra vía que está sobre la mesa es la de aplicar un impuesto especial a los componentes insanos. Este camino es conocido como la 'vía danesa', ya que Dinamarca fue el primer país en gravar específicamente a todo aquello que contenía más de un 2'3% de grasas 'trans', como se conoce coloquialmente a las saturadas. Una fórmula similar a la que se exploró con las bebidas azucaradas en Cataluña, y que ha sido reclamada por colectivos como el de los médicos de familia. Pero la medida también entraña complicaciones, ya que ese impuestos a los refrescos fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Además, para esto sería necesario contar con la colaboración del Ministerio de Hacienda, que por el momento no ha desvelado estar trabajando en algo así.
Lo que sí tiene mucho más complicado Garzón en su batalla contra McDonald's y otras firmas similares es alumbrar una tasa específica contra el sector de la comida rápida. La razón es que en esas cadenas también se ponen a disposición de los consumidores alimentos sanos que sí superarían el análisis de NOVA o del semáforo de Nutriscore. "Por ejemplo, cadenas como McDonald's venden manzanas y otras frutas. También tienen ensaladas", apuntan las fuentes consultadas. De esta manera, el ministro de Consumo tendrá que hilar muy fino en sus planes, ya que hay excepciones en cualquiera de las cadenas que puedan incumplir esos estándares que quieren marcar.
Chile como inspiración
La iniciativa contra el 'fast food' o los conocidos como 'ultraprocesados' está en el acuerdo al que llegaron PSOE y Unidas Podemos para ir juntos hasta Moncloa. En este se especifica que se estableceran obligaciones en las etiquetas, para que cada alimento lleve un distintivo que deje claro la calidad que tiene "conforme al modelo de semáforo nutricional". Lo último es una referencia a Nutriscore, el sistema que impulsó el Ministerio de Sanidad en la anterior legislatura para calificar con colores y letras a cada producto según su origen, calidad y beneficios. Estas van de la A verde (muy saludable) a la E roja (muy poco saludable). Por tanto, se le daría un impulso definitivo al obligar a todas las empresas a utilizarlo, dejando de lado su provisionalidad. De hecho, hasta ahora solo se aplicaba en ciertas cadenas de supermercados como Eroski.
Pero el titular de Consumo ya ha dejado la puerta abierta a introducir cambios en las etiquetas. Garzón ha admitido en varias declaraciones que se ha fijado en otros países con etiquetados mucho más explícitos que tienen como fin convencer a los consumidores de que no los compren. Una descripción que encaja con el modelo que desarrolló el gobierno chileno hace varios años. Durante la administración de Michelle Bachelet, se aprobó que todos los ultraprocesados portaran, si así correspondía, avisos de "alto en azúcares", "alto en grasas saturadas" o "alto en categorías". Además, deben contar con un espacio bastante destacado en el paquete. La publicidad es otro de los asuntos que está estudiando el ministerio, ya que su titular ha dicho que también estudiará cómo regular la de este ámbito.
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