Gobierno argentino carga contra Justicia tras revés contra reforma judicial

  • El Gobierno argentino cargó hoy con dureza contra el Poder Judicial tras el duro revés que supuso el fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura, mientras que abogados y oposición aplaudieron la decisión.

Buenos Aires, 19 jun.- El Gobierno argentino cargó hoy con dureza contra el Poder Judicial tras el duro revés que supuso el fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura, mientras que abogados y oposición aplaudieron la decisión.

El ministro de Justicia, Julio Alak, dijo hoy en declaraciones radiales que el Ejecutivo acatará el fallo del máximo tribunal, aunque admitió que esperaba "que la Corte sacara una sentencia más democrática".

Alak tildó de "aristocrático" el sistema actual de elección por su propios pares de los integrantes del Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de designar y destituir a jueces y advirtió que el Gobierno mantiene "el desafío de democratizar el único poder que el pueblo no tiene posibilidad de votar".

"Nosotros somos una república representativa, así lo dice la Constitución Nacional, y no puede ser que la gente vote en el Poder Ejecutivo y en el Legislativo y para elegir a los abogados y académicos que después van a elegir a los jueces no pueda", reiteró el ministro de Justicia.

El senador kirchnerista Aníbal Fernández fue aún más lejos y señaló que el fallo es "una vergüenza" y "descalifica a la Corte Suprema".

"Todos creíamos que (el máximo tribunal) era independiente y nos damos cuenta que también responde a las corporaciones", agregó el senador, quien reiteró que el Gobierno no se quedará quieto "hasta que los representantes políticos (del Consejo) sean elegidos por la voluntad popular".

La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales cuatro artículos de la ley de reforma del Consejo de la Magistratura, entre ellos el que contemplaba su ampliación y la votación popular de seis nuevos miembros.

El fallo avaló una decisión de primera instancia de la jueza María Servini de Cubría, del fuero federal electoral, que había sido recurrido ante la Corte Suprema por el Gobierno argentino.

Además, el máximo tribunal anuló el decreto gubernamental mediante el que se convocó la elección de candidatos a consejeros, que iba a celebrarse en simultáneo con las elecciones primarias del 11 de agosto, previas a las legislativas del próximo octubre.

Mario Barletta, presidente del principal partido opositor, la Unión Cívica Radical (UCR), aplaudió el fallo, al que consideró "una lección para el Poder Ejecutivo".

"La reforma del Consejo de Magistratura era grotescamente inconstitucional", insistió Barletta.

El presidente del Colegio de Abogados de Buenos Aires, Jorge Rizzo, también celebró la decisión de la Corte Suprema y señaló que frena "la tentación" de los partidos políticos de "controlar al Poder Judicial".

"Algunos líderes opositores hicieron un poquito de ruido el día de la votación, se agarraron a piñas, pero la tentación era muy fuerte y presentaron listas", dijo Rizzo a radio La Red.

La reforma del Consejo de la Magistratura era el aspecto más polémico del conjunto de leyes para modificar el Poder Judicial aprobadas por el Congreso argentino.

El paquete legislativo incluyó también una ley para crear en los Tribunales tres cámaras de casación, otra para permitir el acceso a la carrera judicial mediante oposiciones y una más que pone límites a las medidas cautelares que dejan en suspenso iniciativas aprobadas por el Parlamento.

Juristas y partidos opositores han cuestionado la reforma judicial por considerar que constituye la "partidización y la politización" de la Justicia, mientras el Ejecutivo sostiene que pretende "democratizar" el sistema judicial.

La decisión de la Suprema Corte marca un antes y un después en la relación del Gobierno de Cristina Fernández con la Justicia, que tendrá que pronunciarse en breve sobre la conflictiva ley de medios.

Además, el fallo coincide con el cierre de las listas electorales para los comicios legislativos y complica las posibilidades de una reforma constitucional, acariciada por el kirchnerismo, para abrir la puerta a un nuevo mandato presidencial.

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