Empieza el baile. Tras la batalla que enfrentó a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) con el Gobierno de Mariano Rajoy por las competencias del organismo, el supervisor de los mercados y el Ejecutivo de Pedro Sánchez -en funciones- han empezado a negociar la gestión de los 17.850 millones que constituyen la parte regulada de la tarifa eléctrica. La CNMC decidirá sobre 7.250 millones destinados a pagar los costes del transporte y la distribución -los peajes- y el Gobierno repartirá 10.600 millones de "cargos" entre primas a las energías renovables, pago de la deuda acumulada y costes extrapeninsulares. Con el reparto de peajes y cargos tomará forma la nueva estructura tarifaria para hacer frente a la transición energética.
Las cantidades están detallas en el documento de consulta pública elaborado por el Ministerio de Transición Ecológica. Ni los números ni el documento dan idea de la complejidad del proceso. El reparto de funciones conlleva también el reparto en el control de cantidades millonarias. El recibo de la luz siempre ha sido una palanca para hacer política, lo que explica la resistencia de los Gobiernos a ceder el control de la parte regulada de la factura.
Esa resistencia provocó un recurso de la CNMC contra el Gobierno de Rajoy ante el Tribunal Supremo, un expediente de Bruselas y, finalmente, un acuerdo con el nuevo Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez. El acuerdo se concretó en enero con un Real Decreto Ley que fijó las competencias de la Comisión. Pero ahora toca pasar de las musas al teatro. Y con dinero de por medio, eso siempre es complicado. Normalmente conlleva tensiones.
Devolución de competencias
También ha sucedido en la negociación recién abierta entre la CNMC y el Ministerio de Transición Ecológica. Aunque el Gobierno ha devuelto a Competencia las funciones que le arrebató el Ejecutivo de Rajoy , fija las orientaciones de política energética al organismo para ejercer sus competencias en energía. Es un terreno difuso que favorece el choque. Los ha habido, pero están encauzados. Al menos de momento.
El reparto de las competencias y del dinero es complejo. El Gobierno tiene que distribuir entre los usuarios 10.600 millones de cargos para pagar a las renovables (en torno a los 7.000 millones), para hacer frente al pago de la deuda (sobre 2.800 millones) y la retribución a las compañías por los costes extrapeninsulares. Lo tiene que hacer según tipologías de consumidor.
De esta forma, el departamento que se ocupe de Energía tendrá que decidir hacia final de año si mantiene el esquema que se ha aplicado hasta ahora: pocos cargos para los clientes con alta tensión (grandes empresas e industrias); cargos más altos para los clientes en media tensión y muy altos -en comparación- para los clientes de baja tensión. Estos son son la inmensa mayoría, con hogares y pymes.
Reparto con éxito
Para que el reparto tenga éxito y para que los antiguos roces queden definitivamente como historias del pasado, la CNMC y el Gobierno tendrán que colaborar. En caso contrario, señalan las fuentes consultadas, la tarea de los técnicos se complicará mucho en los próximos meses. En lo que se refiere al organismo supervisor y a sus competencias, quedan pendientes los siguientes pasos: elaboración de una circular para fijar la estructura y el reparto de los 7.000 millones de peajes; periodo de audiencia -mínimo un mes- para recoger alegaciones de las partes; aprobación de circular y, finalmente, resolución para 2020.
Los peajes y los cargos componen la parte regulada del recibo eléctrico. Un 40% del llamado Precio de Venta al Pequeño Consumidor (PVPC) que pagan los clientes que aún no se han pasado al mercado liberalizado. El PVPC aguanta, pero cede cada vez más terreno. Aunque la tarifa regulada -con discriminación horaria- es la más favorable para el consumidor medio, las ofertas en el mercado libre tienen cada vez más aceptación. La publicidad y las campañas agresivas de captación de clientes puerta a puerta-prohibidas el pasado año- han trasvasado cada vez más clientes al mercado liberalizado desde 2003. Hoy, hay 17 millones de clientes con contratos particulares y 11 millones acogidos al PVPC.
El dominio del mercado, tanto del libre como del regulado, es de las grandes compañías. Pero las pequeñas comercializadoras -hay dos centenares- captan cada vez más descontentos. En 2018 las pequeñas competidoras captaron dos millones de consumidores particulares y pequeñas empresas, lo que supone un aumento del 26% respecto a un año antes.
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