Gobierno marroquí ya impone descuentos salariales a funcionarios huelguistas

Rabat, 4 dic.- El Gobierno marroquí sigue adelante con su plan de descuentos salariales a los funcionarios huelguistas, que hasta ahora ejercían su derecho al paro sin ninguna consecuencia sobre sus sueldos.

Los sindicatos Confederación Democrática del Trabajo y Federación Democrática del Trabajo han declarado el próximo sábado 8 de diciembre "jornada nacional de protesta", consistente en sentadas y manifestaciones en todo el país.

El derecho de huelga está garantizado en la Constitución actual, pero su ejercicio depende de una ley orgánica aún no aprobada; ante este vacío legal, el Gobierno ha decidido aplicar los descuentos tras haber agotado infructuosamente sus negociaciones con los sindicatos.

El pasado viernes, el presidente del Gobierno, Abdelilah Benkirán, dijo en la sesión de control parlamentaria que las huelgas "toman forma de vacaciones pagadas y es intolerable que eso continúe así".

"No vamos a renunciar a los descuentos salariales, ni aunque el precio a pagar sea el colapso de la mayoría gubernamental", zanjó Benkirán, cuyo Gobierno se ha atrevido con una decisión que ningún otro quiso aplicar por su impopularidad al afectar a los derechos y las prácticas de más de 750.000 funcionarios.

Desde el mes de octubre, ya hay tres ministros que han aplicado los descuentos a los huelguistas: el de Justicia, Sanidad e Interior, que son los que más paros han sufrido en los últimos años, algunos de ellos considerados "paros salvajes" como los practicados en 2011 (3 días por semana) en las oficinas de renovación de documentos.

A título de ejemplo, el ministro de Justicia, Mustafá Ramid, declaró recientemente que 2012 costó a su departamento 472.928 horas de trabajo perdidas, lo que se tradujo en pérdidas de 10,8 millones de dirhams (un millón de euros).

Lo paradójico es que los descuentos en concepto de horas perdidas por huelga son habituales en el sector privado en Marruecos, según un reciente estudio del semanario "La Vie Eco", que subrayaba además que esa práctica está perfectamente reglamentada en países del entorno, como Argelia y Túnez.