Gobierno peruano ofrece disculpas públicas por casos de abusos a DD.HH.

Lima, 23 jul.- El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Juan Jiménez, ofreció hoy, en nombre del Estado, disculpas públicas por la desaparición de Saúl Cantoral, Consuelo García y Kenneth Anzualdo hace 20 años, en cumplimiento a fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

"Hoy es un día triste, pero también de justicia, el Estado está reconociendo su responsabilidad, y pidiendo las disculpas por lo que hicieron sus funcionarios en estos casos", declaró Jiménez en una ceremonia realizada en el ministerio de Justicia.

Saúl Cantoral y Consuelo García eran dirigentes de los mineros que participaban en masivas protestas contra el entonces gobierno del expresidente Alan García en 1989, cuando fueron secuestrados, torturados y ejecutados extrajudicialmente por el clandestino Comando Rodrigo Franco, según una sentencia de la CorteIDH de 2007.

Por su parte, Kenneth Anzualdo fue un estudiante desaparecido por miembros del paramilitar grupo Colina en 1993 y presuntamente ejecutado en los sótanos del Cuartel General del Ejército en Lima, de acuerdo a otro fallo de la CorteIDH de 2009.

La CorteIDH ordenó en ambos casos el procesamiento de los responsables, supuestos agentes del Estado que aún no han sido procesados por estos casos, así como la reparación para los deudos y una disculpa pública del Estado por estos abusos a los derechos humanos.

Jiménez dijo, en presencia del presidente de la CorteIDH, el peruano Diego García Sayán, y del ministro de Justicia, Daniel Figallo, que este reconocimiento "nos hace superiores" porque están señalando "la dignidad, por encima de cualquier circunstancia, de las víctimas y de sus familiares".

"En Perú hemos pasado por muchos avatares, hemos tenido un proceso complejo de violencia, que nos ha separado a peruanos y peruanas, (pero) hoy el gobierno está planteando una reconciliación", afirmó el jefe del gabinete en alusión a la violencia terrorista que golpeó el país entre 1980 y 2000.

"Estamos reconociendo unas circunstancias muy tristes que ojalá nunca hubieran sucedido", indicó Jiménez y expresó su confianza en que las familias alcancen una justicia integral por la que el Estado velará.