Gobierno ve voluntad en los partidos para alcanzar pacto contra la corrupción

Madrid, 25 ene.- La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado hoy que, tras mantener contactos con todos los grupos políticos sobre la necesidad de un pacto contra la corrupción, existe voluntad de acuerdo y ha defendido que "aquí no pueden pagar justos por pecadores".

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta, preguntada por la posibilidad de que se endurezcan las penas de cárcel para condenados por corrupción, ha señalado que el Ejecutivo trabaja en posibles reformas legales para fortalecer las instituciones.

Sobre casos como el del extesorero del PP Luis Bárcenas, ha insistido en que hay que depurar las responsabilidades hasta sus últimas consecuencias y aplicar de forma rigurosa la legislación: "si hay que fortalecer la ley" para ser más "ágiles, rigurosos y efectivos, el Gobierno lo va a impulsar".

Tras defender que en España las instituciones, la Fiscalía, la Agencia Tributaria y las Fuerzas de Seguridad "funcionan", ha insistido en que si necesitan más medios se les facilitarán.

Sáenz de Santamaría ha confirmado que ya ha mantenido conversaciones con todos los grupos, en los que ha visto "receptividad" para alcanzar ese pacto contra la corrupción porque son conscientes que es un asunto que va "más allá de las siglas".

Se ha mostrado dispuesta a revisar las leyes para poder ser más eficaces y ha considerado que en ese trayecto es importante que el Gobierno y los grupos "vayan de la mano".

En este sentido, ha afirmado que ya hay un "camino andado", que es la Ley de Transparencia y del Buen Gobierno, que debe ser un "antídoto" contra la corrupción, y ha destacado la voluntad del Ministerio de la Presidencia de consensuar el proyecto.

El Gobierno, según ha dicho, considerará "sin problema" las peticiones de algunas fuerzas políticas para que en esa ley se incluya a los partidos, y no solo al Ejecutivo, aunque en relación a la Casa Real ha explicado que en las monarquías más importantes de la Unión Europea se excluye a las casas reales de esa obligatoriedad.

También ha avanzado que el Ejecutivo ha pedido al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales que anticipe los resultados del informe sobre regeneración democrática que le ha encargado el Gobierno en lo relativo a la corrupción para poder concretar medidas o reformas del ordenamiento jurídico y consensuarlas con la oposición

"Es el momento de trabajar para fortalecer las instituciones" y dar mejores herramientas a la Fiscalía y a los jueces para conseguir una respuesta más contundente y más clara contra la corrupción, ha resaltado la vicepresidenta, quien considera "indudablemente necesario" ese pacto político.

Asimismo, ha mostrado su deseo de que "se haga de manera constructiva", y ha puesto en valor el trabajo de la inmensa mayoría de las administraciones y de los políticos, "porque no pueden pagar justos por pecadores".

No obstante, ha admitido que, además de ese pacto, hay que hacer otras cosas para superar el descrédito de la clase política y que es necesario también "conectar" con los problemas y necesidades de los ciudadanos.

En su opinión, en ese descrédito influye que existan "comportamientos ejemplares" y una "implicación individual" para que "entre todos" se pueda "erradicar del sistema a los que no lo hacen".