Griñán espera una respuesta a su petición hace un mes de reunirse con Rajoy

Sevilla, 11 jun.- El Gobierno andaluz ha dicho hoy que no ha recibido ninguna respuesta a la comunicación remitida hace un mes en la que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, solicitaba al jefe del Ejecutivo de la nación, Mariano Rajoy, una reunión que esperaba que diera lugar a una Conferencia de Presidentes.

"Es imprescindible que todos nos pongamos de acuerdo, que tracemos una hoja de ruta compartida, consensuada, para luchar contra el principal problema que tienen los ciudadanos, que es el desempleo", ha dicho hoy el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, en la conferencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.

Vázquez ha recordado, a preguntas de los periodistas, que el presidente de la Junta remitió hace un mes una carta a Mariano Rajoy, pero no ha habido "ningún tipo de comunicación, de respuesta" por parte de la Presidencia del Gobierno, ha lamentado.

Griñán anunció, el pasado 9 de mayo en una sesión parlamentaria de control al Gobierno, que había remitido una carta a Rajoy en la que le pedía una reunión que podía "desembocar" en una Conferencia de Presidentes.

En su misiva, Griñán le comunicó a Rajoy que la Comunidad estaba impulsando un Pacto por Andalucía y que ya se habían suscrito acuerdos sectoriales, cuya potencialidad sería más fácil de conseguir si se unieran los esfuerzos de todas las administraciones públicas.

Por otra parte, el portavoz del Gobierno andaluz ha anunciado hoy que en el siguiente periodo de sesiones (septiembre-diciembre) se materializará, previsiblemente, la iniciativa legislativa de protección al deudor vulnerable, anunciada por Griñán, para su refrendo por el Parlamento de Andalucía antes de ser remitida al Congreso.

"Estamos trabajando en este proyecto impulsado por el presidente de la Junta, un proyecto novedoso, pionero, que requiere todavía un periodo de mayor reflexión y análisis", ha explicado Vázquez, que ha asegurado que se trata de un compromiso que se llevará "a la práctica, posiblemente en el siguiente periodo de sesiones".

El objetivo de esta iniciativa es proteger a los ciudadanos afectados por un proceso de embargo, de forma que se eleve el mínimo inembargable para garantizarle una renta digna.