Madrid, 29 oct.- Los grupos del PSOE, CiU, PNV, Mixto y la Entesa han defendido hoy sus votos particulares al dictamen de la Comisión General de las Comunidades Autónomas al proyecto de la reforma educativa y han coincidido en que la misma invade competencias autonómicas y no mejorará el sistema.
Así se han expresado los senadores en esta Comisión, que ayer dio el visto bueno al informe sobre la reforma educativa.
El senador del PSOE Vicente Álvarez Areces ha considerado que la Lomce "hará insostenible el modelo de corresponsabilidad entre las administraciones públicas", al tiempo que ha asegurado que con el mismo "se pretende cargar a las comunidades con los costes de la reforma" del sistema educativo.
En su opinión, pretende cambiar el modelo de distribución de competencias, "de compartidas a repartidas", de manera que supone "una ruptura en el equilibrio competencial" entre las comunidades autónomas y el Estado.
Por su parte, la senadora de CiU Montserrat Candini ha hecho hincapié en que en los presupuestos de 2014 no hay una partida específica para aplicarla, por lo que ha advertido que tendrán que ser las autonomías las que asuman su coste.
Candini ha coincidido con el resto de los senadores de la oposición en que el proyecto de ley se ha hecho sin consenso y que la mayoría de los grupos parlamentarios se han comprometido a derogarlo en cuanto sea posible.
El senador de la Entesa José Montilla ha afirmado que la reforma educativa es "apostar por el fracaso" y ha precisado que muchas comunidades, especialmente la Generalitat catalana, podían establecer sus políticas propias y ahora el proyecto ignora esas posibilidades.
Las senadoras del Grupo Mixto y PNV, Amalur Mendizábal y Luz Martínez, respectivamente, han coincidido en que la reforma no respeta las competencias del País Vasco y que la misma se ha hecho sin el consenso, ni siquiera de la comunidad educativa.
En la presentación del informe, la senadora del PP Rosa Haro ha dicho que el proyecto pretende garantizar la igualdad y equidad en la Educación y ha argumentado que las comunidades autónomas han sido debidamente informadas a través de numerosas conferencias sectoriales y otros contactos con el Ministerio.
Haro ha insistido en que diversos informes europeos sitúan a España en los peores puestos tanto en abandono como en rendimiento escolar, por lo que ha dicho que era necesario acometer la reforma educativa.
En su opinión, el proyecto ha tenido en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en lo relativo a las competencias autonómicas en Educación, así como en el uso de las lenguas cooficiales.
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