"El hecho de que este año se haya logrado tener una reacción ciudadana para combatir la corrupción es un primer paso que nos podría llevar a retomar algunos de los temas sustantivos de los acuerdos de paz", dijo a la AFP Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana, capítulo local de Transparencia Internacional.
Guatemala vive un momento particular en su historia reciente luego de que el pasado 16 de abril se descubrió una red de altos funcionarios que orquestó un fraude multimillonario en las aduanas nacionales, y que provocó la renuncia en septiembre del entonces presidente Otto Pérez.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente adscrito a la ONU, Pérez y Baldetti, quien renunció en mayo, lideraban una red que cobraba sobornos a empresarios para evadir impuestos denominada "La Línea".
El hecho desató una ola de protestas populares que, de acuerdo con Marroquín, ahora deben traducirse en formas de participación ciudadana en los asuntos públicos para frenar la corrupción.
La guerra civil en Guatemala terminó el 29 de diciembre de 1996 con la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno y la guerrilla Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).
Dichos acuerdos incluyen cuatro vértices: reformas al sistema político, reformas al sistema tributario, reformas institucionales y reconocimiento de los pueblos indígenas.
El conflicto armado de 36 años dejó un saldo de 200.000 víctimas entre muertos y desaparecidos, según un informe de las Naciones Unidas.
En los acuerdos del plan de paz "hay una serie de obligaciones que el Estado guatemalteco tuvo que cumplir en estos 19 años para obstaculizar el fortalecimiento de las redes criminales" como el caso de "La Línea", dijo a la AFP Jorge Santos, director del Centro Internacional de Investigaciones de Derechos Humanos (Ciidh).
El presidente Alejandro Maldonado, quien relevó a Pérez al frente del gobierno, señaló que es necesario retomar los principios de los acuerdos de paz para impulsar reformas en el país.
"Los acuerdos de paz debían complementarse con una agenda de reformas jurídicas y políticas que ha entrado en mora", precisó Maldonado durante un acto conmemorativo en el Palacio Nacional de la Cultura en el centro de la capital, donde 1996 se firmó la paz.
Además del fraude en las aduanas, el gobierno de Pérez se vio manchado por otros escándalos de corrupción que provocaron un fuerte rechazo social.
En mayo pasado la Fiscalía reveló un fraude millonario en el Seguro Social que provocó la captura del entonces presidente de la institución, el militar Juan de Dios Rodríguez, cercano a Pérez, así como del jerarca del Banco Central de Guatemala, Julio Suárez.
Uno de los efectos de la crisis desatada por la corrupción fue la elección como presidente para el período 2016-2020 de Jimmy Morales, un cómico y animador de televisión que explotó su condición de hombre ajeno a la política tradicional.
Para Santos, Morales tiene ahora el reto de impulsar una agenda distinta de la lucha contra la corrupción, alineada con los acuerdos de paz, y cumplir con las demandas de la población que salió a las calles a manifestar su descontento por el asalto a los recursos públicos.
"De no realizar estos esfuerzos, (Morales) será objeto de una demanda ciudadana mucho más fuerte y puede producir una nueva crisis", afirmó el activista.
Junto a la corrupción, Guatemala enfrenta problemas sociales latentes como la violencia criminal, causada principalmente por el crimen organizado, el narcotráfico y las pandillas, que deja más de 6.000 muertos por año.
Además, la pobreza afecta al 59,3% de los 16,1 millones de guatemaltecos y casi la mitad de los niños menores de cinco años padecen desnutrición crónica.
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