Palma de Mallorca (España), 8 feb.- La infanta Cristina, hija del rey Juan Carlos, declara hoy ante un juez como imputada en un supuesto caso de corrupción, en un hecho inédito en España.
Su comparecencia ante el juez José Castro en Palma de Mallorca (Islas Baleares) forma parte de la investigación por presunto desvío de fondos públicos al instituto Nóos, entidad sin ánimo de lucro presidida por el esposo de la infanta, Iñaki Urdangarin, entre 2003 y 2006.
La infanta comparecerá para aclarar si cometió fraude fiscal como copropietaria con su marido al 50 % de la sociedad Aizoon.
Para el juez, hay indicios de que esta empresa era una herramienta para defraudar a Hacienda y encauzar beneficios del entramado de Nóos mediante facturaciones ficticias.
El juez Castro considera que Cristina de Borbón se prestó a que Aizoon "sirviera de andamiaje imprescindible" para que su marido cometiera delitos fiscales, y quiere que le aclare si conocía el origen supuestamente ilícito de los fondos con los que pagó gastos personales y si su participación en dicha empresa era para actuar como "escudo frente a Hacienda".
El fiscal opina que no hay ningún indicio de que la infanta cometiera delitos fiscales, aunque entiende que cabría exigirle el pago de unos 600.000 euros (unos 816.000 dólares) en concepto de responsabilidad civil, la mitad de lo percibido por Aizoon de los fondos públicos presuntamente malversados por el Instituto Nóos.
Jesús Silva, abogado de la infanta, discrepó el viernes de esta petición e insistió en que cuando "las aguas se tranquilicen" la mayoría de españoles verán que es inocente.
Cristina de Borbón podrá acceder a los juzgados de Palma en coche, por "estrictas razones de seguridad", según autorizó la pasada semana el juez decano de Palma a propuesta de la Policía, a diferencia del resto de imputados, que entraron en el juzgado a pie, entre ellos su esposo, en sus dos declaraciones de febrero de 2012 y de 2013.
La declaración de la infanta ha despertado una gran expectación mediática, con unos 350 periodistas de 90 medios de comunicación acreditados para dar cobertura al caso.
El caso Nóos se remonta a 2010 e investiga el supuesto desvío de fondos públicos desde las regiones españolas de Baleares, Valencia y Madrid hacia el Instituto Nóos mediante convenios para realizar diversos eventos.
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