Washington, 15 may.- El secretario de Justicia y fiscal general de EEUU, Eric Holder, se enfrenta hoy a una audiencia parlamentaria en la que le preguntarán acerca de los últimos escándalos que afectan a la Administración: la incautación de llamadas telefónicas de periodistas de la agencia AP y el trato partidista dispensado por el IRS a grupos conservadores.
El presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, el republicano Bob Goodlatte, ha asegurado que pedirá respuestas a Holder sobre los supuestos registros secretos y continuados que llevó a cabo el Departamento de Justicia de llamadas de periodistas de la agencia de noticias Associated Press (AP).
De acuerdo con la agencia, los investigadores federales recopilaron información de al menos 20 de sus líneas telefónicas en abril y mayo de 2012 sobre las llamadas salientes desde sus oficinas en Nueva York, Washington y Hartford (Connecticut).
En el día de ayer, Holder compareció en rueda de prensa y aseguró que el registro de las llamadas estaba relacionado con una de las "filtraciones más serias" que había visto en su carrera, por lo que era necesario "tomar medidas agresivas" para descubrir al autor del soplo.
Según Holder la filtración llegó a poner en peligro la seguridad nacional.
Las prácticas del Departamento que dirige Holder han levantado la polémica en Estados Unidos, y han puesto en duda que el Gobierno de Obama respete la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege el derecho a la información y a la libertad de expresión.
"La Primera Enmienda es la primera por una razón", dijo Michael Steel, portavoz del presidente de la Cámara, John Boehner, refiriéndose a la Carta Magna.
Pero el escándalo por la intromisión en la labor informativa de AP no es el único al que se enfrenta estos días el presidente estadounidense ni el único sobre el que hoy habrá de responder Holder ante los legisladores.
El secretario anunciaba también ayer en el mismo encuentro con los medios que ha lanzado una investigación penal sobre el caso del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por su sigla en inglés), el cual supuestamente habría tratado de forma discriminatoria y partidista a los grupos políticos conservadores que solicitaron exenciones fiscales.
Desde 2010, el IRS impuso un escrutinio especialmente exigente a grupos que tenían las palabras "Tea Party" o "patriota" en su nombre, pero también a otros que eran simplemente críticos con el Gobierno de Obama, según documentos del IRS a los que accedió el diario The Washington Post.
"He ordenado una investigación. El FBI está coordinándose con el Departamento de Justicia para determinar si se violaron las leyes en relación con esos asuntos", dijo en rueda de prensa el secretario de Justicia estadounidense, quien precisó que los agentes están estudiando si hay "violaciones penales".
Boehner aseguró hoy en una rueda de prensa que la pregunta no es ya quién ha de presentar su dimisión por el escándalo, sino "quién va a ir a la cárcel" por lo ocurrido.
El director del Servicio de Impuestos, Steven Miller, admitió hoy que "se cometieron errores", pero aclaró que en "ningún caso" se debió a "una motivación política o partidista".
Las prácticas tenían lugar dentro del examen que la agencia federal hace de los grupos que buscan una exención de impuestos, cuyo número se multiplicó a raíz de una decisión de 2010 del Tribunal Supremo de EE.UU., que abría la puerta a más grupos políticos a solicitar ese estatus.
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