El Ministerio de Justicia ha logrado que 120 funcionarios acepten ampliar su jornada cada día de forma voluntaria para frenar el colapso que se acumula en la concesión de la nacionalidad por residencia en la Dirección General de Registros y Notariado (DGRN) y que está ya cerca de los 400.000 casos sobre la mesa desde hace más de cinco años. Se trata de funcionarios que hacen teletrabajo desde sus casas o van a trabajar por la tarde para tramitar solicitudes de residentes extranjeros, a modo de horas extra, a cambio de mejorar su retribución por la vía del aumento de la productividad, según confirman fuentes del Ministerio.
El parón por las elecciones y la falta de personal en la Dirección General de Registros y Notariado (DGRN) mantiene atascado el servicio público de concesión de la nacionalidad por residencia en el Ministerio de Justicia de miles de extranjeros que viven en España y que cumplen los requisitos y han pagado las tasas correspondientes para lograrlo. Un extranjero que lleve más de diez años residiendo en España puede exigir que se le conceda la nacionalidad siempre que no tenga antecedentes penales y realice los trámites administrativos básicos para ello, pero este proceso está bloqueado desde hace años y ha empeorado ahora por el freno administrativo que suponen las elecciones y la falta de unos nuevos Presupuestos, según se reconoce dentro del propio Ministerio.
La ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, anunció la puesta en marcha de un plan de choque para contratar a cien personas ajenas a la administración durante dos años, acudiendo incluso a empresas de trabajo temporal, para desatascar el colapso que se acumula, pero era un proyecto vinculado a la aprobación de los Presupuestos de Sánchez y no se ha podido poner en marcha. Ahora, el Ministerio ha abierto la opción de que muchos de sus funcionarios realicen una ampliación de jornada (voluntaria) para mejorar la tramitación de estos expedientes y dejarlos listos para que sean revisados y aprobados por la DGRN.
Fuentes cercanas al proceso aseguran que, aunque sea un remedio solo temporal, se logra más efectividad que con la contratación de externos, dado que los funcionarios que lo realizan conocen a la perfección los pasos a dar. Aún así, a finales de este mes de junio se evaluará el resultado de esta medida para comprobar si sirve, al menos, para que la acumulación de expedientes no aumente todavía más cada año.
Red de convenios para mejorar
Para ayudar a esa agilización de expedientes, se renovó incluso la encomienda de gestión que se mantuvo otros años con el Colegio de Registradores, si bien esa opción tampoco sirvió para reducir el atasco administrativo que se daba. Lo último a lo que se ha llegado es a un acuerdo con el Colegio de Abogados de Madrid para tramitar expedientes por vía telemática y la opción de hacer algo similar con el Consejo General de Gestores Administrativos. Todo ello hizo que 2018 fuera el primer año en un lustro en el que se lograron resolver algo más de las 80.000 solicitudes de media que se reciben cada año, aunque muchas de ellas vengan incluso de peticiones hechas en 2015.
Solo en el primer trimestre de este año, hasta la convocatoria de elecciones, se habían recibido más de 20.000 solicitudes de nacionalidad por residencia y la acumulación por retraso ha aumentado hasta el punto de desatar todas las alarmas en el seno del Ministerio, por la falta de soluciones para un problema que se enquista cada día más. Fuentes sindicales aseguran que el problema está en la “histórica” falta de personal que se sufre en la DGRN, que es quien debe solucionar cada expediente y acabar con el cuello de botella que se genera. Incluso los últimos directores que han pasado por Registros y Notariado han denunciado la falta de personal que hay en el organismo para poder acaparar todas las solicitudes que se presentan.
Algunos de los despachos de abogados que se dedican a este ámbito advierten que es la segunda o tercera vez que se habla de planes de choque para resolver este problema, sin resultados por el momento. “No se pudo solventar con los registradores y ahora no se puede contratar a personal externo hasta que no haya presupuesto, es como si todo se hubiera confabulado en contra de a solución de un problema que se conoce y se puede atajar”, aseguran desde un bufete especializado. El problema que se genera muchas veces es que, ante el tremendo retraso, algunos de los afectados quieren hacer valer su derecho tener nacionalidad española por la vía judicial, y la cuestión se complica más en los tribunales, que al final tienen que actuar para resolver una cuestión administrativa que tiene su propio procedimiento.
Desde el Gobierno de Sánchez se ha llegado a reconocer la necesidad de agilizar incluso los trámites que conlleva el expediente, que llegaron a contemplar la realización de dos exámenes básicos a los aspirantes a ser españoles: uno de idioma y otro de cultura general sobre el país. Desde Moncloa se ha criticado en algunas ocasiones el exceso de los plazos y la arbitrariedad de algunas de las preguntas y las calificaciones de los exámenes, y se ha mostrado dispuesto a relajar esos condicionantes.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios