Hoy se aprobará la ley que obliga a pagar a los proveedores en 30 días

Madrid, 19 dic.- El Pleno del Congreso aprobará definitivamente en la votación de esta tarde el proyecto de ley orgánica de deuda comercial en el sector público, que obliga a las administraciones públicas a pagar las facturas a sus proveedores en 30 días y devuelve un día de asuntos propios a los empleados públicos.

La portavoz del PP, María Piedra Escrita Jiménez, ha destacado que mejorará la competitividad de la economía y será un "pilar básico" para erradicar la morosidad del sector público, al tiempo que hará a las administraciones más transparentes y con mayores controles.

La mayoría de los portavoces de la oposición han insistido en su rechazo, aunque se han mostrado satisfechos con algunas de las enmiendas aprobadas en el Senado, como el aumento de un día de los asuntos propios de los empleados públicos o que los ayuntamientos puedan utilizar el superávit de 2012 y 2013 en 2014 como inversión sostenible.

Álvaro Anchuelo, de UPyD, ha anunciado su voto favorable, aunque el "modelo no es el nuestro", y ha dudado de que con su aplicación vaya a lograrse el pago efectivo a los proveedores en 30 días, que ha augurado que, "más bien", se hará a 60 días.

Aunque ha valorado la devolución de un día a los funcionarios, lo ha considerado un "aguinaldo navideño" del Gobierno y "casi una provocación" tras los recortes sufridos por este sector.

En similares términos se ha expresado sobre esta cuestión Ricardo Sixto, de Izquierda Plural, que ha animado al Ejecutivo a recuperar la parte de la paga extra que se les suspendió, así como otros derechos, en lo que ha coincidido con la portavoz socialista, Patricia Blanquer.

En cuanto a la ley, Sixto ha dicho que es "básico y fundamental" que las administraciones paguen a su tiempo a los proveedores, pero "no a cualquier precio", ya que "por encima está la autonomía municipal", por lo que votarán en contra.

Tampoco la apoyarán desde el grupo mixto y su portavoz, Alfred Bosch, que apoya que los proveedores puedan cobrar antes, ha indicado que el proyecto de ley es "un camuflaje" porque los pagos también dependen de las transferencias del Estado -que es quien acumula más deuda- a las administraciones territoriales.

Ha agregado que, con esa falta de financiación y otros condicionamientos, "a nadie puede extrañar" que Cataluña pida "la emancipación económica y política".

Antoni Picó, de CiU, ha expresado su "profunda discrepancia" con la ley y la equiparación de deuda comercial con la sostenibilidad presupuestaria, así como con los controles y las sanciones previstas para las administraciones territoriales, que pueden implicar la reducción de transferencias de la Administración central, retraer recursos del sistema de financiación o reducir su porcentaje en la Participación en los Ingresos del Estado (PIE).

Patricia Blanquer, del PSOE, ha señalado que las enmiendas introducidas en el Senado no cambian la opinión contraria de su grupo a la norma y ha rechazado también "la presión" a las administraciones con las medidas sancionadoras, ya que si no pagan es porque no pueden hacerlo.

Tras asegurar que tan importante es pagar a los proveedores como cumplir con los servicios que reclaman los ciudadanos, se ha referido a la "evidente estrategia" del Gobierno en la "descalificación continúa" de las administraciones territoriales, también con esta ley.