Nairobi, 5 jun.- La organización Human Rights Watch (HRW) pidió hoy a las autoridades de República Centroafricana y a las misiones de paz desplegadas en el país que faciliten la evacuación de la población musulmana que quiera buscar refugio en los países vecinos.
Los musulmanes están siendo hostigados por las milicias civiles cristianas "Anti Balaka", que desde el pasado mes de diciembre atacan de forma sistemática a esta minoría religiosa en represalia por los abusos cometidos por la coalición Séléka -de mayoría musulmana- durante su etapa en el poder.
Aunque los choques han enfrentado en los últimos meses a partidarios del ex grupo rebelde Séléka y los "Anti-Balaka", los musulmanes se han convertido en las principales víctimas de la crisis, en un país donde la mayor parte de la población es cristiana.
Por ello, los centroafricanos de confesión islámica que permanecen en el país están viviendo bajo fuertes medidas de protección, sin libertad de movimientos y en condiciones de difícil supervivencia, por lo que la mayoría quiere buscar refugio en Chad o Camerún, informó HRW a través de un comunicado.
La mayor parte de los musulmanes que viven en la parte oeste del país son nómadas de la etnia peul bajo la protección de la Misión de la Unión Africana en República Centroafricana (MISCA) y las tropas francesas desplegadas en el marco de la operación Sangaris.
Los peul no están autorizados a abandonar el campamento ni otros recintos donde permanecen prácticamente sitiados, y donde niños y adultos sufren de enfermedades respiratorias y malnutrición.
"Que muchos musulmanes amenazados en República Centroafricana abandonen el país es la última opción, pero ahora mismo no hay otras soluciones inmediatas", reconoció el director de Emergencias de HRW, Peter Bouckaert.
El activista aludió así a la advertencia que Naciones Unidas lanzó el pasado abril, cuando dijo que la evacuación de minorías religiosas para proteger su vida debe ser una medida de último recurso y llevada a cabo tras consultar a los afectados y de conformidad con las normas internacionales.
El Gobierno centroafricano se opone a la salida de los musulmanes tras la operación de evacuación de la ONU y la MISCA de 1.300 ciudadanos de esta confesión que se encontraban atrapados en el barrio PK12 de Bangui el pasado abril, confirmaron fuentes diplomáticas a HRW.
Mientras tanto, los 2.000 soldados franceses y los 6.000 militares de la MISCA han sido incapaces de parar los ataques de los "Anti-Balaka" y, sin embargo, están impidiendo su salida a otros países vecinos, lamentó Bouckaert.
La población islámica ha sido borrada de barrios enteros de la capital del país, Bangui, y de decenas de localidades en el oeste, donde vivían miles de musulmanes.
Estas restricciones a los movimientos de la población musulmana violan el derecho internacional, según la organización, quien emplazó a las fuerzas de paz a garantizar una evacuación segura del país para estos civiles.
La crisis ha generado 760.000 desplazados internos y más de 300.000 refugiados (muchos de ellos musulmanes) en países vecinos, lo que a su vez ha causado problemas en países como Chad, Camerún y República Democrática del Congo.
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