Madrid, 6 nov.- El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha desvinculado hoy el anuncio de cierre de Radio Televisión Valenciana (RTVV), derivado de la anulación del ERE en este canal, de la situación del ente público Radio Televisión Madrid, aunque ha mantenido que este cerrará si no es viable.
González ha hecho estas declaraciones un día después de que el Tribunal Superior de Justicia valenciano anulara el expediente de regulación de empleo (ERE) planteado por el canal público de la Comunidad Valenciana.
Además, ha remarcado que el caso de Telemadrid es "diferente" al del canal público valenciano, ya que en el primero ha habido un fallo "favorable" del Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazando el recurso que presentaron los sindicatos contra el ERE, mientras que en Valencia ha ocurrido lo contrario.
En Madrid, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ordenó, en una sentencia del mes de abril, elevar las indemnizaciones a los más de 800 trabajadores afectados por el ERE que presentó el canal en enero, pero no anuló los despidos.
Por este motivo, los sindicatos con representación en Telemadrid recurrieron este fallo ante el Tribunal Supremo, que todavía no se ha pronunciado al respecto.
El presidente madrileño ha vuelto a dejar claro hoy que el Gobierno regional "no tendrá otra alternativa" que cerrar Telemadrid si los sindicatos "lo hacen inviable" y el canal público madrileño "sigue siendo deficitario".
Tras recordar que su gobierno se mantiene a la espera "de la resolución definitiva" del recurso, ha subrayado que el ERE tiene por objeto "hacer viable" la televisión pública madrileña porque lo exige la ley.
"Nosotros sólo podemos mantener medios de comunicación pública, tal y como dice la ley, si no son deficitarios, y eso es lo que pretendemos hacer", ha zanjado.
En esta línea se ha pronunciado el consejero de Economía y Hacienda, Enrique Ossorio, quien ha apuntado que si se tuviera que readmitir a los más de 800 trabajadores de Telemadrid, el déficit sería "brutal" y no tendrían "más remedio" que cerrar la televisión pública.
Estos planteamientos han suscitado duros reproches del comité de empresa y los sindicatos del canal público madrileño, que han acusado a los gobiernos autonómicos de Madrid y Valencia de "acatar" solamente los fallos judiciales sobre los entes públicos que le son favorables.
Teresa García, presidenta del comité de empresa de Telemadrid, ha considerado "autoritaria" y "prepotente" la posición de los dos ejecutivos regionales y ha acusado en concreto al de Madrid de plantear una situación en la que los trabajadores siempre pierden, sea en los tribunales o porque los gobiernos "no acatan".
Desde UGT, Celia Soria ha calificado de "inadmisible" que Canal Nou cierre para "no acatar una sentencia judicial", cuando es un servicio público que, como Telemadrid, "no pertenece" ni a la dirección de la empresa ni al Ejecutivo autonómico, sino a los ciudadanos.
El secretario de la federación estatal de medios de comunicación de CGT, Alberto Gómez, ha calificado de "amenaza" las palabras de Ignacio González y ha opinado que Telemadrid "sí es viable" si se mantiene con una gestión pública.
El diputado de UPyD en la Asamblea de Madrid, Luis de Velasco, ha responsabilizado a los directivos del ente público de la baja audiencia y ha insistido en que la situación del canal se debe al "sectarismo" y a la "mala gestión" que han llevado a cabo.
En plena polémica, el ente RTVM ha recalcado hoy que Telemadrid costará el próximo año 10,7 euros por habitante frente a los 20 que costaba en 2012, lo que la convierte en "la más barata de España". EFE
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