El Gobierno ha decidido adoptar una serie de medidas de ingresos para incrementar la recaudación agregada en los Presupuestos Generales del Estado 2019 con el objetivo de ir acercando los niveles de tributación de España a la media de los países de nuestro entorno.
Tal y como explican en el borrador de Presupuestos Generales del Estado 2019, el objetivo de estas medidas fiscales "es que quienes disponen de mayor riqueza contribuyan de forma equitativa en un modelo fiscal progresivo, donde cada uno aporte en función su capacidad y reciba en función de su necesidad, preservando a la clase media y trabajadora, que es la que ha soportado con su esfuerzo los momentos más duros de la crisis".
El impacto estructural del conjunto de estas medidas fiscales se estima en 5.678 millones, de los que el Impuesto sobre Transacciones Financieras supondrá unos 850 millones de euros.
¿En qué consiste el impuesto sobre las Transacciones Financieras?
El Impuesto sobre las Transacciones Financieras consiste en gravar con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero.
Se trata de un tributo indirecto que grava las adquisiciones onerosas de acciones de sociedades españolas, con independencia de la residencia de las personas o entidades que intervengan en la operación, o del lugar en que se negocien, siempre que cumplan las siguientes condiciones:
a) Que estén admitidas a negociación en un mercado regulado.
b) Que el valor de capitalización bursátil de la sociedad sea superior a 1.000 millones €.
Desde el año 2013, países de la Unión Europea como Francia o Italia ya están trabajando en la creación de este Impuesto común en la Unión Europea. El gobierno socialista considera oportuno establecer el Impuesto sobre las Transacciones Financieras a nivel nacional, pero sin abandonar el procedimiento de cooperación reforzada, de forma que, en el momento en el que se apruebe el impuesto armonizado a nivel de la UE, España adapte su impuesto para evitar cualquier descoordinación.
El equipo de Sánchez subraya en el borrador de los PGE 2019 que hasta ahora las operaciones que se someten a tributación, con carácter general no se encuentran sujetas efectivamente a impuesto alguno en el ámbito de la imposición indirecta, por lo que el establecimiento de este impuesto supone un importante avance en términos de equidad tributaria.
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