La consultora Indra se ha desvinculado por completo de los pagos que la vinculan a una presunta financiación opaca al PP madrileño. El representante legal de la entidad, Joaquín de Fuentes Bardají, ha explicado ante el juez del caso, Manuel García Castellón, que a su llegada a la empresa en el año 2015 pusieron en marcha una investigación interna para depurar responsabilidades y que se implantó un sistema de 'compliance' para fomentar el control dentro de la empresa, según informan fuentes presentes en el interrogatorio.
De Fuentes ha comparecido ante el magistrado al frente del caso Púnica tras la imputación como persona jurídica de la empresa el pasado mes de septiembre. Los investigadores le atribuyen el desvío de 1,1 millones de euros provenientes de la Comunidad de Madrid en facturas falsas con las que se habrían obsequiado a los empresarios vinculados con la caja 'b' del PP regional. Al respecto y según las fuentes consultadas por este diario, coincidiendo con la llegada de Fernando Abril Martorell a la presidencia de Indra se abrió un expediente para esclarecer los hechos.
Fue en ese momento cuando se ordenó la creación de una investigación interna sobre un informe que bautizaron con el mismo nombre de la causa penal a la par que se pusieron a disposición de la Justicia. De acuerdo con su relato, como consecuencia de este proceso se descubrió la existencia de unas facturas que podrían ser falsas. Se refiere a las que se giraron a favor de la empresa Swat, del también investigado Juan Miguel Madoz. La mercantil se hizo con más de 100.000 euros de Indra por presuntos servicios de comunicación que no se habían realizado.
Despido de Santiago Roura
Al respecto, el representante legal ha explicado que la investigación interna concluyó que no se podía demostrar que efectivamente se hubieran realizado los servicios que reflejaban los pagos. Igualmente ha detallado que existen otras facturas relacionadas con otra empresa clave en la red, Formaselect, que también reflejaban irregularidades y que se dieron cuenta de ello gracias a una inspección de Hacienda. Dicha mercantil estaba gestionada por Óscar Sánchez Moyano, empresario vinculado a la entonces cúpula del PP regional.
De Fuentes, ha asegurado a preguntas de la fiscal Anticorrupción Carmen García que, en lo que respecta a los tres presuntos pagos que efectuó el entonces director de operaciones Santiago Roura a empresarios vinculados al PP regional, no es posible que salieran de Indra. Ello es así porque la 'caja chica' de la entidad no guarda mucho dinero en metálico y cada movimiento que se hace requiere un justificante, motivo por el cual no ve factible que de la misma salieran 100.000 euros para pagar a empresarios de la red. Se trata de un extremo que ya confirmó el expresidente de Indra Javier Monzón en su declaración en sede judicial el pasado viernes.
La UCO apunta que Roura, también imputado en la red, efectuó en el año 2014 diversas entregas de dinero en efectivo. En concreto sostiene que entregó en el interior de un coche 10.000 euros al 'conseguidor' de la trama, Alejandro de Pedro; otros 10.000 a Demométrica Investigación de Mercados y 90.000 a Madoz, a quien la UCO califica como "colaborador habitual en la financiación del PP madrileño". Al respecto el abogado ha precisado en sede judicial que la investigación interna abierta en el año 2015 conllevó, entre otros asuntos, el despido meses después de Roura, el cual, en su declaración ante el juez admitió haberse reunido con De Pedro en su vehículo pero negó haber entregado dinero en efectivo.
Facturas de Swat dirigidas a Roura
De hecho ha asegurado que de las pesquisas abiertas en el seno de la compañía descubrieron no solo que las facturas de Swat no se correspondía con ningún trabajo sino que las mismas venían en un sobre dirigidas a la atención de Roura. La fiscal García se ha interesado especialmente en conocer la concesión de los procesos electorales precisamente un día después de conocerse que ha sido la adjudicataria (sin concurso) del contrato de recuento electoral de las próximas elecciones generales, tal y como avanzó este medio.
Sobre este asunto De Fuentes, que ha respondido a todas las partes, ha asegurado que con independencia de que no se entienda el hecho de que se duplique la contratación para las convocatorias electorales, se trata de un servicio que entra dentro de su competencia y que por tanto están en su derecho de hacerlo.
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