Indra prescindió de dos directivos de la compañía investigados en la trama Púnica apenas semanas antes de que el magistrado de la Audiencia Nacional Diego de Egea archivara su causa, ante la ausencia de indicios para considerarles “cómplices” de la contratación con una de las empresas investigadas en la operativa.
Tras la información publicada el lunes por este diario, la multinacional aclara que, ni el exdirector de sistemas de la empresa de consultoría, Diego Mora, ni la exgerente senior Cristina Bombín, forman parte de la plantilla en la actualidad, sin perjuicio de que, una vez el archivo sea firme, se adopten las medidas de reparación oportunas.
Los dos exaltos cargos declararon a mediados de julio en sede judicial en calidad de investigados por la indicación que recibieron desde la Agencia de Informática y Comunicación de la Comunidad de Madrid (ICM) de contratar con la empresa Eico, del conseguidor de la trama 'Púnica', Alejandro de Pedro.
Ambos precisaron a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción que se les trasladó que era una “necesidad” rubricar la firma con la empresa dedicada a trabajos de mejora de imagen 'online'. Por ese motivo dieron el visto bueno al contrato, el cual, al tratarse de un importe inferior a un millón de euros, no requería de la aprobación del comité de ofertas de la multinacional.
Hace apenas unas semanas, Indra decidió prescindir de sus servicios pese a que entre los interrogatorios y el sobreseimiento de su causa apenas han pasado dos meses. El magistrado de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 decidió archivar su parte el pasado viernes al entender que, aunque Eico giró facturas a Indra referidas a servicios que no se habían realizado, no hay motivos suficientes para considerales "autores, cómplices o encubridores" de este encargo.
Relación "absolutamente normal"
Es más, el instructor explica en sus autos, a los que ha tenido acceso La Información, que de la labor desempeñada por ambos se revela una “relación contractual absolutamente normal” y que Indra prestó unos servicios fijados en unas cláusulas dentro de las cuáles tenía “perfecto encaje el servicio solicitado”.
En concreto, se les dijo que el contrato con la empresa del conseguidor de esta trama tenía como finalidad “medir el impacto que tenía en redes la publicación de contenidos de la Comunidad de Madrid”. Ellos, por su parte, negaron tener conocimiento alguno de que en realidad se trataban de facturas falsas. "Para nada, no tenía ni idea de eso”, dijo Bombín durante su interrogatorio en la Audiencia Nacional.
Contratos inflados para campañas en 'b'
Lo cierto es que este no es el único contrato al que siguen la pista los investigadores. La Fiscalía Anticorrupción también trata de dilucidar si se firmaron acuerdos con los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González en los que se habría pagado con dinero público trabajos de reputación en las redes de políticos miembros de la Comunidad de Madrid y candidatos del Partido Popular en las elecciones de 2011.
El instructor de la trama, Manuel García Castellón, indaga igualmente si se inflaron contratos públicos con empresas como Indra o PriceWaterhouseCoopers (PwC) para financiar de forma ilegal el partido regional en las campañas autonómicas y municipales de esos años.
Tanto es así que las pesquisas también se centran en aclarar si el entonces presidente regional, Ignacio González,ordenó al entonces consejero delegado de ICM José Martínez Nicolás que consiguiera recaudar un millón de euros para sanear las cuentas de la formación.
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