Industria calcula que la luz bajará este año un 5 por ciento y el gas subirá un 0,5

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo calcula que la factura eléctrica para un consumidor doméstico medio bajará este año alrededor de un 4,9 %, mientras que la del gas subirá en torno a un 0,5 %.

Estos datos están recogidos en un informe presentado este viernes por Industria al Consejo de Ministros, del que ha informado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior a este.

De acuerdo a estos cálculos, el recibo de la luz para el consumidor doméstico bajó un 3,7 % en 2013, mientras que el de gas se encareció en un 5,7 %.

Para el consumidor industrial, la factura eléctrica aumentó en un 0,7 % y la gasista un 2,4 % en 2013, unos recibos que se abaratarán en un 1,5 % y un 2,4 % este año, respectivamente.

Las rebajas previstas para este año se derivan "de la reforma eléctrica, que nos ha permitido corregir el déficit del sistema y ha creado un marco normativo que garantiza la sostenibilidad económica y financiera" de este, según Sáenz de Santamaría.

"Esta reforma ha evitado que la factura siga su escalada", ha insistido, "hemos invertido la tendencia".

Así, el Gobierno considera que con la reforma eléctrica aprobada el pasado año se ha resuelto el problema del déficit tarifario -desfase entre ingresos y gastos del sistema eléctrico- y espera un equilibrio tanto para este año como para el próximo sin subidas de peajes -la parte regulada de la tarifa.

El Gobierno apuesta por Madrigal para suceder a Torres-Dulce

Consuelo Madrigal Martínez-Pereda, una fiscal profesional, discreta y no adscrita a ninguna asociación, se convertirá en la primera mujer que llega a ser fiscal general del Estado. Un cargo que ocupará en un año marcado por las citas electorales y los casos abiertos por corrupción en los tribunales.

Madrigal cuenta con una experiencia dilatada como fiscal y sus compañeros de Carrera destacan su "profesionalidad" e "intachable" trayectoria, durante la cual no se la conocen actuaciones polémicas. De talante conservador, no está afiliada a ninguna asociación de fiscales.

Nacida el 2 de noviembre de 1956, desempeñaba en la actualidad la dirección de la Fiscalía de la Sala Coordinadora de Menores desde junio de 2013, cuando el dimisionario Eduardo Torres-Dulce le propuso continuar al frente de esta área durante un nuevo periodo de cinco años. Una decisión que fue refrendada por el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

Con anterioridad, fue fiscal destinada en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, a donde llegó en 1993. Ingresó en la Carrera Fiscal hace más de treinta años y se hizo cargo de la Fiscalía de Menores cuando fue creada en 2007 dentro de la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Madrigal aspiró a convertirse en la primera fiscal de Sala de la historia en 2003, cuando compitió con otra mujer que sonaba para ser ahora fiscal general Pilar Fernández Valcárcel. El Consejo Fiscal de Jesús Cardenal optó entonces por la segunda para alcanzar la primera categoría de la Carrera y acceder así a la Junta de Fiscales de Sala.

Madrigal, que figuraba como la número 24 en el escalafón de la Carrera Fiscal en 2011, ha sido también profesora de Derecho Penal en la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE) desde 1986. En docencia, ha dirigido y coordinado cursos para postgrados o en la formación inicial de Fiscales en el Centro de Estudios Jurídicos.Ayuda a parados de larga duración

El Consejo de Ministros ha aprobado el Decreto Ley que regula el programa extraordinario de activación para el empleo diseñado por el Gobierno y los agentes sociales para impulsar la reinserción laboral de los parados de larga duración (aquellos que llevan más de un año en el desempleo).

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que "el mercado de trabajo se ha estabilizado" y que, por primera vez en toda la crisis, en 2014 se creará empleo neto. No obstante, ha recordado que todavía hay mucho paro en España y que los desempleados de larga duración superan el 60%.

De ahí este programa de activación que, según la ministra, pretende la reinserción laboral de este colectivo. El programa incluye una ayuda económica de 426 euros mensuales (80% del Iprem) durante un máximo de seis meses, a la que podrán acceder los parados de larga duración que hayan agotado todas las prestaciones, tengan cargas familiares y cumplan determinados requisitos.

En concreto, según ha recordado Báñez, para poder solicitar esta ayuda, los desempleados de larga duración deberán haber tenido un empleo anterior, buscar activamente un puesto de trabajo, y haber consumido las prestaciones del Prepara, Prodi o la Renta Activa de Inserción al menos seis meses antes de pedir la ayuda.

Asimismo, para poder beneficiarse de esta prestación, los solicitantes deben tener responsabilidades familiares y estar inscritos como demandantes de empleo a 1 de diciembre de 2014 (deben haberlo estado al menos durante 12 meses durante los 18 meses anteriores).

La ayuda tendrá un coste de entre 1.000 y 1.200 millones de euros, elevará la tasa de cobertura de protección por desempleo entre siete y ocho puntos, hasta situarse en el 65% a mediados de 2015, y beneficiará a entre 400.000 y 450.000 desempleados.

Los beneficiarios estarán obligados a llevar a cabo un itinerario diseñado por los servicios públicos de empleo con la idea de que se reincorporen cuanto antes al mercado de trabajo.

Además, se tendrá en cuenta la voluntad de la persona a la hora de trabajar, de modo que sólo se podrán beneficiar del programa quienes hayan perdido su último empleo de forma "involuntaria" y quienes acepten cualquier oferta de empleo "adecuada", entre otros supuestos.El Supremo determina que los convenios no caducan

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha afirmado este viernes que desconoce la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que mantiene la vigencia de los convenios aunque hayan caducado, si bien ha mostrado su respeto por las decisiones judiciales.

En la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, Báñez ha opinado así tras conocerse la decisión del TS de pronunciarse por primera vez sobre la denominada ultraactividad de los convenios, que permitía su alargamiento prácticamente indefinido y que la última reforma laboral redujo a un año, para concluir que deben quedar vigentes los derechos pactados aunque hayan vencido.

Báñez ha elogiado la reforma laboral, "clave para cambiar el mercado de trabajo", que está funcionando y que el Gobierno ve que responde a los objetivos para los que se puso en marcha.

A este respecto, ha destacado que cuando la reforma entró en vigor en 2012 el paro crecía el 12,5 %, mientras que ahora se reduce por encima del 6 %.

También ha recalcado que este año es el primero en el que se crea empleo después de seis años de crisis.316 millones con el impuesto de hidrocarburos

El Gobierno calcula que el nuevo Impuesto sobre el Valor de la Extracción de Gas, Petróleo y Condensados permitiría recaudar hasta 316,3 millones de euros al año, en las estimaciones más optimistas, que se quedarían en apenas 8,4 millones teniendo en cuenta las estimaciones conservadoras.

Así se recoge en la memoria de impacto que acompaña al proyecto de ley de reforma de la Ley de Hidrocarburos de 1998, que el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes y en el que se opta por el modelo de 'royalties' porque es "relativamente fácil de calcular, recaudar e inspeccionar; asegura una fuente de ingresos continua tan pronto como comienza la producción, y tales ingresos pueden ser estimados con un grado razonable de certidumbre".

Según el documento, este gravamen se aplicará sobre la producción de hidrocarburos en territorio nacional, para cuyo cálculo los explotadores deberán instalar medidores fiscales con los que constatar el volumen de producción medio al término de las fases de separación y depuración.

Además, se tendrá en cuenta el tipo de producto, sus propiedades físico-químicas y la coyuntura del mercado de referencia (precio medio según la cotización de los doce meses del periodo impositivo).Aprobado el régimen de coordinación para el desarrollo rural

El Consejo de Ministros ha aprobado a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, un Real Decreto por el que se establece el régimen de coordinación de las Autoridades de Gestión de los Programas de Desarrollo Rural para el periodo 2014-2020.

El principal objetivo es regular los órganos de coordinación entre las diferentes administraciones implicadas en la aplicación del segundo pilar de la Política Agrícola Común (PAC) sobre política de desarrollo rural cofinanciada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).

En concreto, este Real Decreto deroga la normativa vigente en esta materia durante el periodo 2007-2013 y se adapta a lo dispuesto en la norma comunitaria de aplicación para el nuevo periodo 2014-2020.

De esta forma, contempla, al igual que en la normativa anterior, las figuras del Comité de Seguimiento del Marco Nacional y la autoridad de coordinación de las autoridades de gestión, si bien se dota a la autoridad de coordinación de mayor peso, ya que, a diferencia del periodo anterior, pasa a ser una figura reconocida también en el Reglamento comunitario por el que se regula la ayuda al desarrollo rural a través de Feader.

Esta autoridad de coordinación, representada por la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal del Ministerio, tiene como principal función asegurar la coherencia en la gestión de los fondos Feader.

Entre las novedades que presenta, la nueva norma regula la concesión de ayudas a los titulares de explotaciones cuya base territorial se encuentra en dos o más comunidades autónomas, favoreciendo en todo caso al beneficiario, con independencia de dónde se encuentre la explotación agraria de la que es titular. Se intenta así dar solución a los problemas detectados en el periodo 2007-2013.

También se establece un mecanismo de transferencia de fondos entre programas, para el caso de que se produzca riesgo seguro de pérdida de fondos Feader por parte de un programa de desarrollo rural, gestión que recae en el Comité de Coordinación de las autoridades de gestión, que funcionaba con carácter informal en el periodo anterior.

El Departamento ha destacado que este aspecto es de "especial relevancia en España", que cuenta con 18 programas de desarrollo rural, uno nacional y 17 regionales.Aprobado el régimen de pagos directos de la PAC

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que regula la aplicación, a partir de 2015, de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regimenes de ayuda, así como la gestión y control de estos pagos y de los correspondientes al desarrollo rural.

Una norma que abarca la práctica totalidad de las ayudas directas a la renta de los agricultores y ganaderos en el marco de la Política Agrícola Común (PAC), además de la ayuda nacional para los frutos de cáscara, y regula la solicitud, gestión y control de éstas y otras ayudas al desarrollo rural, que está dotaco con un presupuesto que para el periodo 2014-2020 ascenderá a 35.705 millones de euros.

Esta cantidad, unida a los 8.291 millones de euros para desarrollo rural y a los 3.500 millones de euros para medidas de mercado, en el marco de la Organización Común de los Mercados Agrarios, conforman el presupuesto de 47.500 millones de euros de fondos comunitarios para la aplicación de la PAC en España en el periodo 2014-2020.

El Departamento que encabeza Isabel García Tejerina ha señalado que la nueva PAC está "más sensibilizada" con el medio ambiente, da un "mayor impulso a la incorporación de los jóvenes" y promueve una reducción de las diferencias individuales en el nivel de ayuda, derivadas de la utilización de referencias históricas en el cálculo de las ayudas en el periodo anterior.

Por otro lado, el término 'pagos directos' agrupa a varias tipologías de ayudas agrarias, todas ellas estrechamente vinculadas, que en este nuevo periodo estarán integradas, como medida fundamental, por el régimen de pago básico, que aglutina algo más de la mitad del presupuesto anual de pagos directos, para cuya aplicación la superficie agraria de España se ha dividido en 50 regiones con un potencial agrario similar.

En cada una de esas regiones se llevará a cabo hasta 2020 un acercamiento, progresivo y limitado, de los valores medios de ayuda por hectárea de cada agricultor con respecto a la media de la región en que se encuentra.

Dentro de los pagos directos se incluyen también los pagos complementarios al pago básico, que contemplan dos tipos de ayudas como el pago por prácticas beneficiosas para el medioambiente o 'greening', capítulo al que se dedica el 30% del presupuesto nacional, y el pago para jóvenes agricultores, al que se destina el 2% de ese presupuesto.

Por último se engloban en este capítulo las ayudas asociadas a sectores con especiales dificultades. Estas ayudas tienen carácter voluntario para el Estado miembro y España ha optado por destinar a este tipo de apoyo un 12,08% de los fondos anuales.

En concreto, los sectores apoyados son, particularmente, los ganaderos, pero también algunas producciones agrícolas como el arroz, los cultivos industriales como el tomate o la remolacha, o los cultivos proteicos para la alimentación del ganado.4,7 millones al pima para camiones y autocares

El Consejo de Ministros aprobó este viernes destinar 4,7 millones de euros al Plan de Impulso al Medio Ambiente (PIMA) Transporte, con ayudas directas para la renovación de autobuses y de transporte pesado de mercancías.

Así lo anunció la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo, donde destacó que el plan "tendrá un impacto muy positivo en la actividad económica y también en la eficiencia energética".

La vicepresidenta anunció también que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) pondrá en marcha en enero una línea de crédito de 200 millones de euros para la renovación de flotas de transporte.

Se podrán acoger a esta línea aquellos que una vez que hayan renovado un camión o un autobús de acuerdo con el Plan PIMA decidan comprar otro camión o autobús nuevo.

Sáenz de Santamaría destacó que España es el mayor fabricante de vehículos industriales en Europa y que este año producirá casi medio millón de camiones y autobuses, un 30% más que en 2013.

El Plan PIMA Transporte incluye la concesión de ayudas para el achatarramiento de los autobuses y vehículos de transporte de mercancías con capacidad de tracción propia de más de 3,5 toneladas de masa máxima autorizada (MMA) y con una antigüedad mayor de ocho años.

La cuantía de las ayudas varía en función de la masa del vehículo, desde 1.500 euros para camiones con una masa superior a 3,5 toneladas y que no sobrepasen las 7,5 toneladas, hasta 3.000 euros, en el caso de camiones con masa superior a 16 toneladas.

En cuanto a los autobuses, las ayudas ascenderán siempre a 3.000 euros. Las solicitudes de estas ayudas se podrán presentar hasta el 1 de octubre de 2015.

El Ejecutivo estima que con este plan se puede conseguir el achatarramiento de unos 1.800 vehículos industriales, lo cual es factible dado que el parque de este tipo de vehículos está muy envejecido. Con ello, prevé una reducción significativa en las emisiones de CO2 y del consumo del combustible del orden del 15% por vehículo achatarrado.

Desde el inicio de la legislatura, los PIMA han contado con una dotación de 43,5 millones de euros y han permitido la renovación de más de 35.000 vehículos comerciales y turismos y tractores.Apoyo al sector vitivinícola

El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, un Real Decreto aplicar en España nuevas medidas del Programa de Apoyo al sector vitivinícola para el periodo 2014-2018, incorporando las nuevas medidas previstas en los reglamentos del Parlamento Europeo y del Consejo, aprobados en 2013.

En concreto, según ha explicado el Departamento, con esta nueva norma se completa lo establecido en el Real Decreto aprobado el 19 de julio de 2013, que recoge el conjunto de disposiciones que desarrollan el programa de apoyo del sector vitivinícola español para la aplicación del segundo Programa de Apoyo quinquenal presentado por España a la Comisión Europea para el periodo 2014-2018.

El primer programa de apoyo al sector vitivinícola español se aplicó entre los ejercicios 2009 y 2013, e incluía medidas admisibles de promoción de vinos en los mercados de terceros países, la destilación de alcohol para uso de boca, la reestructuración y reconversión de viñedos, la destilación de crisis y la destilación de subproductos.

Como novedad del segundo programa, destaca la eliminación de medidas del periodo quinquenal anterior, como la destilación de alcohol para uso de boca y la destilación de boca, derivadas de a eliminación de la normativa comunitaria que establecía su aplicación hasta 2012, y se incluyen modificaciones en las condiciones de aplicación de las medidas de promoción y de reestructuración y reconversión de viñedos.

En este contexto, el presente Real Decreto recoge como novedad la posibilidad de financiar, dentro de la medida de reestructuración y reconversión de viñedos, la replantación de viñedos en caso de arranque obligatorio producido por motivos sanitarios o fitosanitarios. Para ello, se fijan las condiciones en las que dicha actividad se puede aplicar en España.

Además, se establecen las disposiciones para dar apoyo a la innovación con ayudas a las inversiones tangibles o intangibles para la transferencia de conocimientos, o la realización de operaciones preparatorias o de estudios piloto, destinados al desarrollo de nuevos productos relacionados con el sector del vino.

Por otro lado, en este Real Decreto se establecen los requisitos y condiciones de financiación de España de la medida de cosecha en verde, que será activada por Agricultura, a petición de una o varias Comunidades Autónomas, en caso de que se produzca un desequilibrio de mercado.Permite a Campofrío exoneraciones del 100% de la cuota empresarial

El Gobierno ha aprobado hoy un Real Decreto Ley para regular el programa de activación para el empleo y en el que se dan soluciones a situaciones como la de Campofrío que por causas de fuerza mayor "tengan que suspender contratos o reducir jornadas, con la exoneración del 100 % de las cuotas empresariales".

Soraya Sáenz de Santamaría ha resaltado que, de esta forma, se solventa un vacío legal que había para todas aquellas empresas que, por causa de fuerza mayor, "tengan que suspender contratos o reducir jornadas".

Ha remarcado que este es el compromiso del Gobierno "con los que a su vez se comprometen con el mantenimiento de sus plantilla, que por circunstancias de fuerza mayor tiene que adoptar estas medidas.

La planta de Burgos de Campofrío sufrió hace un mes un incendio que ha supuesto la paralización de su producción y la adopción de medidas de un expediente temporal de empleo para los trabajadores, a excepción de los que ha recolocado la compañía en otras plantas, hasta que la compañía pueda poner en funcionamiento una nueva planta a lo largo de 2016.Creación de una agencia de seguridad ferroviaria

El Consejo de Ministros aprobó este viernes la creación de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, cuyo presidente será el titular de la Secretaría General de Infraestructuras, actualmente Manuel Niño.

Esta agencia ejercerá en el ámbito estatal las funciones de autoridad responsable de la seguridad, previstas en la normativa ferroviaria y, en particular, la ordenación, inspección y supervisión de todos los elementos del sistema ferroviario.

También llevará a cabo las funciones relacionadas con la interoperabilidad del sistema ferroviario de competencia estatal y le corresponderá el otorgamiento, suspensión y revocación de licencias a las empresas ferroviarias.

Entre otras, la agencia velará por el mantenimiento de la seguridad sobre la Red Estatal Ferroviaria de Interés General (Refig). Autorizará la puesta en servicio de líneas y vehículos y expedirá certificados y autorizaciones de seguridad, licencias de conducción para maquinistas, y homologaciones de centros relacionados con el personal ferroviario y de mantenimiento de material rodante.

La agencia ejercerá también la potestad sancionadora en materia de seguridad ferroviaria.

Además, propondrá la elaboración y desarrollo del marco normativo de seguridad y supervisará su cumplimiento por los distintos agentes del sistema ferroviario.
Por último, asistirá y participará en los grupos de trabajo de la Agencia Europea Ferroviaria y en otras organizaciones nacionales e internacionales relacionadas con la seguridad o interoperabilidad del transporte ferroviario.Respetarán el criterio del Supremo sobre excarcelación de etarras

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha subrayado que el Ejecutivo respetará la decisión que finalmente adopte el Tribunal Supremo sobre la excarcelación de etarras.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta ha destacado que el Gobierno "siempre" estará "en la defensa de la ley" y que lo hará "desde el máximo respecto a la independencia judicial", aunque ha admitido la "extrañeza" del Ejecutivo por las divergencias entre secciones de la Audiencia Nacional.

Ayer trece magistrados del Tribunal Supremo solicitaron al presidente de este tribunal, Carlos Lesmes, que pidiera al presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, que pusiera "coto" a declaraciones como las del titular del Interior, Fernández Díaz, que tachó de "lamentables" las excarcelaciones de presos de ETA.

Sáenz de Santamaría ha recordado que estas decisiones han provocado "extrañeza" en la sociedad, especialmente por las "divergencias" existentes en el criterio sobre este asunto en el seno de la Audiencia Nacional.

Ha reiterado que corresponde al Supremo"fijar doctrina respecto de dos decisiones absolutamente contradictorias de dos secciones del mismo tribunal ante el mismo asunto" y que será este tribunal el que determine "cuál de los dos criterios es el acertado y el conforme a la ley".

La vicepresidenta ha agregado que el Gobierno "siempre" estará "en la defensa de la ley" y que lo hará "desde el máximo respecto a la independencia judicial".

En la misma línea, ha dicho que está "de acuerdo" con el recurso del fiscal, recurso que presentó "de forma autónoma", según ha recalcado.

Sáenz de Santamaría ha agregado que estas decisiones "afectan a casos que generaron en su día la alarma social como la excarcelación de Santi Potros, que por desgracia es una persona de triste recuerdo para todos los españoles".Amplían el plazo para reantenizar edificios

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dicho que el Ministerio de Industria está estudiando con el sector la posibilidad de retrasar la puesta en marcha del denominado proceso del dividendo digital ya que para el 1 de enero de 2015 no estarán reantenizados todos los edificios.

En respuesta a los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta ha precisado que desde la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (Setsi) "se está hablando" con los distintos agentes implicados en el proceso "para ver cómo podemos hacerlo de la mejor manera posible".

"Hay que lograr la máxima reantenización en el tiempo más corto posible porque, aunque afecta a un número limitado de canales, consideramos que tenemos que trabajar para que esa reantenización se haga lo antes posible", ha subrayado la vicepresidenta.

Los hogares españoles comenzaron a resintonizar sus televisores el pasado 26 de octubre para seguir recibiendo la programación completa, ya que ese día las televisiones migraron sus canales de TDT en el espectro radioeléctrico, y desde entonces hay emisiones simultáneas de un mismo canal en dos frecuencias distintas dependiendo de la zona geográfica.

El proceso de liberación del dividendo digital, que afectará a toda Europa y deberá hacerse efectivo antes de enero de 2015, conlleva liberar la banda de 800 MHz (megahercios) -que ahora está ocupada en parte por algunos canales de la TDT- para que los operadores de telefonía móvil presten nuevos servicios de banda ancha de cuarta generación (4G).