San Salvador, 15 nov.- Un juzgado salvadoreño instaló hoy la audiencia inicial contra 21 implicados en las anomalías registradas en la concesión de un contrato a la empresa italiana ENEL, de los cuales nueve exfuncionarios son acusados del delito de peculado contra el Estado.
El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador inició este viernes por la mañana la audiencia inicial "contra 21 implicados en el caso ENEL-CEL", dijo a Acan-Efe un portavoz de los juzgados salvadoreños.
De los 21 acusados, solo "19 han sido intimados", es decir se les ha notificado de que están siendo acusados, agregó.
Detalló que de los "19 intimados", 14 se han presentado al juzgado salvadoreño y cinco han sido notificados a través de sus defensores, mientras que dos serán procesados por aparte porque aún no los han podido ubicar, dijo sin dar detalles.
Entre los acusados figura el exministro de Economía Miguel Lacayo y el expresidente de la autónoma Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) Guillermo Sol Bang, quienes ejercieron esos cargos durante la gestión del expresidente Francisco Flores (1999-2004) de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).
Lacayo está fuera del país, en Estados Unidos, según reconoció a la periodistas su abogado Arturo Muyshondt, quien también representa a Thomas Hawk, otro de los implicados, que anda en crucero en el exterior, indicó.
Sol Bang se presentó hoy al tribunal, donde aseguró que es inocente de lo que se le acusa.
Los 21 implicados están siendo procesados por su responsabilidad civil, mientras que solo nueve por el delito de peculado, debido a que el resto de los delitos ya prescribieron, dijo en su momento la Fiscalía salvadoreña.
El contrato anómalo entre la autónoma Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y la compañía privada italiana Ente Nazionale per l'Energia eLettrica (ENEL) implicó una responsabilidad civil que asciende a unos "1.000 millones de dólares", dijo recientemente el fiscal de este país, Luis Martínez.
La Fiscalía General de la República (FGR) interpuso la denuncia contra los exfuncionarios el lunes pasado, previo a presentar a la prensa los resultados de la investigación realizada al contrato entre CEL y ENEL.
Saúl Morales, coordinador de la comisión especial que investigó el contrato, dijo en ese momento que éste sufrió varias anomalías, entre ellas, no cumplir con el proceso legal de licitación para adjudicar las acciones.
ENEL ganó una licitación internacional celebrada por el Gobierno salvadoreño y en 2002 se firmó el acuerdo de inversión mediante el cual la compañía italiana se convirtió en dueño del 36% de las acciones de la estatal geotérmica LaGeo, cuyo socio mayoritario es la CEL a través de la subsidiaria Inversiones Energéticas (INE).
Sin embargo, la CEL no tenía facultades legales para ceder a favor de ENEL un 4% adicional de su participación en LaGeO, ni aceptar que la inversión de la italiana se convirtiera en acciones de LaGeo, alcanzando el 53%, lo que sería una "privatización encubierta", según dijo en su momento el presidente salvadoreño, Mauricio Funes.
Luego de la cesión injustificada del 4% se le causó "a CEL un daño pecuniario directo y uno diferido cuyos números han sido cuantificados en peritaje financiero (...) que podría ser (...) más de 1.000 millones de dólares", precisó Morales.
El Salvador fue condenado en 2011 por un arbitraje internacional por supuesto incumplimiento al contrato con ENEL.
El supuesto incumplimiento se dio cuando la CEL rechazó que ENEL invirtiera 127 millones de dólares en LaGeo.
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