Tegucigalpa, 26 jun.- Defensores de derechos humanos y expertos de la ONU instaron hoy a Honduras a acabar con el hacinamiento en las cárceles y a promover la justicia social para prevenir posibles casos de tortura en el país centroamericano.
El director del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente, Elías Carranza, declaró a Efe que el "tener personas amontonadas en las cárceles se transforma en violencia, muerte y tortura".
"Es necesario reducir el hacinamiento en nuestras cárceles, pero también se necesita justicia social, una mejor distribución del ingreso", subrayó Carranza, quien participó hoy en Tegucigalpa en una reunión conmemorativa del Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura.
En el sistema penitenciario de Honduras, compuesto por 24 cárceles, impera la sobrepoblación y el hacinamiento, además de la falta de instalaciones físicas adecuadas y seguras para el alojamiento de los reclusos, según un diagnóstico presentado en abril de 2012 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Los países que "tienen más justicia social tienen menos delitos, menos presos y menos tortura", señaló Carranza.
Las cárceles hondureñas albergan a más de 13.000 personas cuando su capacidad es para unas 8.000, según diversos organismos.
La ministra hondureña de Justicia, Ana Pineda, dijo que el país ha hecho "esfuerzos significativos" para reducir la tortura y la violación de los derechos humanos de los presos, pero en la práctica "han habido pocos resultados" en mejorar las condiciones de vida de los reclusos.
En su discurso, Pineda señaló que es preocupante el hacinamiento que impera en las cárceles hondureñas, así como el poco presupuesto que tienen estas para la alimentación de los reclusos, unos 8 lempiras (39 centavos de dólar) por cada recluso.
El presidente del Comité de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Conaprev), Miguel Ortiz, por su parte, dijo a Efe que la mayoría de los presos sufren "tortura física" solo al momento de la detención.
"No tenemos información de que haya tortura física en los centros penales, pero sí tortura moral y psicológica por parte de los policías que los cuidan", subrayó el titular del Conaprev, institución apoyada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Las cárceles de Honduras, calificadas como "bombas de tiempo", son administradas desde el pasado día 3 por la Comisión de Transición de los Centros Penales, que tiene la responsabilidad de planificar y ejecutar cambios en el sistema penitenciario del país.
Los casos de tiroteos, motines, decomiso de armas y droga en las cárceles de Honduras son frecuentes, donde también en el último año murieron más de 370 presos.
El 14 de febrero de 2012, en la Granja Penal de Comayagua murieron en un incendio 360 reclusos y una mujer que visitaba a su marido, y otros 13 presos fallecieron en el presidio de San Pedro Sula el 29 de marzo de ese mismo año.
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