Instructor del caso Brugal-PGOU cita a declarar como imputados a dos abogados

Alicante, 27 sep.- El juez instructor de la pieza del caso Brugal referida a posibles irregularidades en el desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante (PGOU) ha citado a declarar como imputados a los dos abogados -uno es hermano de la alcaldesa, Sonia Castedo- cuya actividad de asesoramiento ha sido investigada.

Los dos letrados, José Luis Castedo y Javier Gutiérrez, cuyo despacho fue registrado por la Policía Judicial el pasado mes de abril, declararán el próximo 26 de octubre ante el magistrado, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) han informado hoy de que el juez ya ha remitido ambas citaciones.

La decisión judicial se produce una semana después de que un informe policial revelara que los dos letrados, "además de contestar alegaciones" al PGOU a través de una sociedad, "redactaban para determinadas empresas y particulares la propia alegación a presentar al Ayuntamiento".

La creación y actividad del despacho de abogados "estaría estrechamente relacionada con la tramitación" del PGOU, según refleja el citado informe, al que EFE ha tenido acceso.

El documento policial señala que prácticamente el 90% de los ingresos percibidos por el citado despacho -Salvetti Abogados- durante 2008 (año de su creación) y 2009 "se deben a distintos trabajos efectuados y cobrados al respecto", en referencia al PGOU, y se indica que los ingresos "en su montante total" ascienden a más de un millón de euros.

"Las actuaciones irregulares", según señala, están relacionadas con la tramitación y posterior estimación de alegaciones al PGOU "llevadas a cabo" por José Luis Castedo, Javier Gutiérrez "a través de las sociedades 'Gutiérrez & Miguélez, Gestión del Suelo, S.L.' y el despacho Salvetti Abogados y Consultores S.L..

Tras reflejar y recordar que el proyecto de "Finalización de la ejecución de los trabajos de revisión del PGOU" fue adjudicado a la empresa Laboratorio y Proyectos S.L., en Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alicante en febrero de 2008, el informe desvela "la relación inequívoca" entre esta última mercantil y "G&M Gestión del Suelo" a través de un contrato de consultoría y asesoramiento.

"Tomando como base tal información -añade el informe policial-, tanto la empresa que realiza las alegaciones (Salvetti) como la encargada de estimar o desestimar dichas alegaciones (G&M Gestión del suelo S.L.) pertenecen a la misma persona, Javier Gutiérrez".

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que la alcaldesa, Sonia Castedo, y su antecesor, Luis Díaz Alperi, ambos del PP, pudieron cometer los delitos de cohecho, información privilegiada y tráfico de influencias por beneficiar al constructor Enrique Ortiz en la elaboración del PGOU de la ciudad.