En una resolución que firmó el propio presidente Ollanta Humala, la procuradora de lavado de activos Julia Príncipe fue apartada del cargo, tras enfrascarse en una fuerte polémica con el primer ministro Pedro Cateriano y el ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, quienes consideraron que había incurrido en una "inconducta" en sus funciones, al referirse públicamente al tema que investigaba.
Príncipe estaba a cargo de investigar unas agendas que supuestamente pertenecen a Heredia, jefa del gobernante Partido Nacionalista, donde se consigna información sobre presuntas operaciones financieras, reuniones y supuestos gastos durante la campaña electoral de su esposo.
La hoy exprocuradora aseguró haber sido impedida de referirse al tema por parte del ministerio de Justicia: "Sé con quién estaba luchando y lo que podría ocurrir (...) Yo soy la piedra en el zapato para el gobierno", dijo a la prensa tras conocer su salida.
Príncipe había pedido al fiscal a cargo del caso que realice un peritaje grafotécnico para determinar si la letra de las agendas corresponde a la primera dama, quien ha negado ser propietaria de las mismas, pese a que semanas antes su abogado denunció que habían sido robadas.
En declaraciones a una comisión del Congreso, Príncipe había considerado que, dados los indicios que manejaba, las agendas pertenecen a Heredia. Esas declaraciones fueron motivo de controversia con los ministros.
Tanto en 2009 como en 2011, la justicia había archivado una investigación de la fiscalía que aseguraba que Heredia no justificó ingresos por unos 215.000 dólares entre 2005 y 2009, lapso en el cual la campaña de Humala recibió aportes de empresas venezolanas. El propio Humala descartó que hubiese alguna ilegalidad en ello y aseguró que fueron donaciones formales.
Un fiscal pidió la reapertura del caso en 2015, pero un recurso judicial presentado por la defensa de Heredia lo impidió. Sin embargo, este martes el Tribunal Constitucional anuló esa decisión y dispuso que la fiscalía siga adelante con sus indagaciones.
La polémica entre la procuradora y el gobierno llevó a la oposición -que tiene mayoría en el Congreso- a plantear una moción de censura contra el ministro Adrianzén, que debía ser evaluada el jueves por el parlamento, y que podría haber terminado con la destitución del ministro.
En ese escenario, Adrianzén presentó el martes su renuncia al cargo, ampliamente demandada por la oposición, "en aras de contribuir a la necesaria estabilidad" que precisa el país.
Adrianzén ha sido el sexto ministro de Justicia del gobierno de Humala desde que llegó al poder en julio de 2011, tras ganar las elecciones de ese año.
El relevo de Príncipe fue ampliamente rechazado, incluso por parlamentarios oficialistas que consideraron que no era el momento para retirarla teniendo en cuenta que realizaba una investigación a la primera dama, en medio de la crisis política que afecta al gobierno.
La vicepresidenta Marisol Espinoza renunció al partido de gobierno y a su bancada, sumándose a una escalada de deserciones en el oficialismo cuyo denominador común son las discrepancias con Nadine Heredia, a quien se percibe en los sondeos como una cogobernante.
El alboroto político se ha intensificado con la cercanía de las elecciones generales de abril 2016.
Una encuesta de octubre muestra una desaprobación de 84,4% para Humala y de 82,6% para Heredia. El mandato presidencial culmina en julio proximo.
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