Aragón, Castilla-León y Asturias han votado mayoritariamente a las formaciones de izquierda, aunque Unidas Podemos ha sufrido una importante caída respecto a los resultados que obtuvo hace cuatro años. Las tres comunidades son las más afectadas por los cierres en la minería del carbón y en industrias como Alcoa (Asturias). La inquietud por el futuro de comarcas enteras en León, Palencia o Teruel, no ha pasado factura al PSOE, cuyo Gobierno ha aprobado ayudas para la minería en los últimos meses. EL PP, por el contrario, pierde el Gobierno de Castilla-León, donde ha gobernado durante 32 años.
Los Gobiernos que se constituyan en las tres comunidades serán probablemente de izquierda y tendrán que hacer frente a problemas que son comunes: envejecimiento de la población, despoblamiento de amplias zonas e incertidumbre por el cese de actividades que sostuvieron sus respectivas economías durante décadas.
En Asturias, afectada tanto por los cierres de la minería del carbón, como por la reconversión de la multinacional del aluminio Alcoa, el Gobierno de Pedro Sánchez estuvo rápido. El Ejecutivo y los sindicatos firmaron a finales del año pasado un acuerdo para amortiguar los cierres de explotaciones mineras con bajas incentivadas y prejubilaciones a los 48 años. Además, abrió la caja con el anuncio de inversiones de 250 millones de euros hasta 2023 para reactivar las comarcas ancladas al carbón.
Fue el sello en el acta de defunción de todo un sector. En noviembre ya solo quedaban 2.046 trabajadores adscritos al régimen especial de la minería del carbón, frente a los 51.420 que había en 1985. Y el 90% del carbón que se quema en España para producir electricidad se importa ya de otros países como Colombia o Rusia.
El año 2018 y lo que llevamos de 2019 han estado plagado de anuncios de cierre de explotaciones mineras por parte de las empresas. Aunque en la minería del carbón apenas si quedan unos miles de trabajadores en activo, en las centrales térmicas de Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP y Viesgo, hay centenares de empleos amenazados. Pese a la inquietud, el PSOE repetirá muy probablemente en los Gobiernos de Asturias y de Aragón, y tomará el relevo al PP en Castilla y León después de tres décadas.
Los nuevos Gobiernos de las comunidades más afectadas por cierres y reconversiones tendrán que articular los planes de acción que anunció el Ejecutivo de Sánchez. Esos planes deben generar proyectos integrales de desarrollo territorial que garanticen el empleo a medio y largo plazo, y dinamicen la transición hacia un nuevo escenario productivo.
Los planes son necesarios porque el Ministerio de Transición Ecológica que dirige -en funciones- Teresa Ribera estima que a partir de 2020 cerrarán al menos siete de las 15 centrales térmicas de carbón que funcionan en el país. Para seguir produciendo con carbón a partir del próximo año, Bruselas exige costosas inversiones en el control de emisiones o limitar la actividad a menos de 1.500 horas al año. Pero los cierres de centrales pueden ir más allá de lo que asume el Gobierno hasta ahora.
Fuentes del PSOE que participaron en los debates sobre la transición energética y sus consecuencias consideran más que probable que a partir de 2021 sólo se mantengan activas cuatro centrales localizadas en Asturias, Galicia y Andalucía. Serán las de Aboño y Soto de la Ribera, ambas propiedad de EDP Energía y ambas en Asturias y las de As Pontes (Galicia) y Carboneras (Andalucía), propiedad de Endesa.
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