Jpd acusa a interior de “criminalizar” la discrepancia política pacífica y exige explicación de las detenciones de manifestantes republicanos

El portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, acusó este sábado al Ministerio del Interior de “criminalizar” la discrepancia política pacífica y exigió que se explique bajo qué supuesto penal se detuvo a manifestantes republicanos el día de la proclamación de Felipe VI.
Bosch agregó que las limitaciones en la exhibición de banderas y símbolos republicanos durante la jornada de proclamación del nuevo Rey es una “restricción de las libertades que no está amparada por el ordenamiento jurídico” español.
Por eso, Jueces para la Democracia reclama a Interior que explique los motivos de las detenciones. “Resultan preocupantes las crecientes intromisiones en las libertades con el pretexto de garantizar la seguridad ciudadana. Y carece de justificación la criminalización de la discrepancia pacífica. Todo ello nos está llevando a una democracia de más baja calidad y a unos derechos fundamentales cada vez más devaluados”, indica.
En un comunicado de la asociación de jueces progresistas, Bosch advierte de que esta orden se ha basado en unos “supuestos riesgos” de alteración del orden público, con peligro para personas y bienes, que eran “meras conjeturas y no tenían fundamento alguno, como los hechos han demostrado de forma clara”.
DERECHOS Y LIBERTADES
JpD recuerda que el Tribunal Constitucional ha declarado “de forma reiterada que el orden público que se debe proteger en una democracia es muy diferente del de un Estado dictatorial. En este último se defiende un orden público para proteger un régimen concreto. Sin embargo, en una democracia plural no se puede favorecer institucionalmente un ideario político determinado, pues el orden público que se debe salvaguardar es el de la defensa de los derechos y libertades de todos los ciudadanos”.
Así entendida, cualquier forma “pacífica” de ejercicio de la libertad ideológica y de la libertad de expresión “debe ser respetada, siempre y cuando no altere los derechos y libertades de los demás”, indica. Por ello, “cualquier actividad que exprese las preferencias por la república, por la monarquía o por cualquier opción ideológica debe ser garantizada por los poderes públicos, sin ningún tipo de interferencia”.
Durante la jornada del jueves, continúa Bosch, “se han prohibido actos pacíficos de disconformidad, que son propios de una democracia constitucional”, por lo que resulta “especialmente grave” que se hayan practicado detenciones “sin que se hayan aclarado los motivos de las mismas”.
En ese sentido, indica que “las privaciones de libertad” por parte de la policía “sólo pueden practicarse en el ámbito de la investigación de delitos y no por faltas o infracciones administrativas. Y mucho menos por meras muestras de la libertad de expresión y de la libertad ideológica ejercidas de manera pacífica”.