Jueces para la Democracia: "España se está transformando en un Estado penal"

Valencia, 1 jun.- La asociación Jueces para la Democracia considera que España se está transformando en un "Estado penal", donde el Gobierno legisla a través de decretos que en algunos casos, como el de la reforma laboral, podrían resultar inconstitucionales.

"Está desapareciendo la división de poderes", ha lamentado hoy su portavoz, José Luis Ramírez, quien ha ofrecido una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos adoptados en el congreso anual de este colectivo judicial, celebrado esta semana en Valencia.

La principal crítica de esta asociación recae sobre la reciente reforma del mercado laboral, que a su juicio genera un "desequilibrio" entre empresarios y trabajadores.

Este decreto ley impulsado por el Gobierno, que entró en vigor el pasado 12 de febrero, incluye normas específicas que imponen una interpretación restringida, según el portavoz de Jueces para la Democracia, que rechaza este "desconocimiento de la esencia de la función jurisdiccional".

"Nosotros no somos mayordomos de los mercados, ni servidores de una concepción ideológica ni meros escribanos, sino que interpretamos la ley a la luz de la Constitución", ha señalado el portavoz.

Otra de las medidas que merecen una reconsideración, a juicio de este colectivo, es el proyecto de ley de tasas judiciales, porque "vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva" de los ciudadanos que no podrán hacer frente a las cuantías que se establezcan, cuya única finalidad es "la recaudatoria".

También critica la intención de revisar el Código Penal para endurecer el castigo en manifestaciones ilegales: "No tiene sentido reformarlo para esto, sólo se pretende disuadir a los ciudadanos para que no ejerzan sus derechos".

Ramírez ha censurado también el "uso abusivo" que en su opinión hace el Gobierno de la violencia doméstica, ya que se están incrementando los agentes destinados a perseguir este delito pero se están "olvidando" los recursos asistenciales.

"Se están cerrando casas de asistencia a mujeres maltratadas" y otros centros de ayuda, lo que según la asociación lanza un mensaje: "No denuncies".

Por último ha abordado la exención tributaria que se aplica a la Iglesia, que "debería tener el mismo tratamiento fiscal" que el resto de asociaciones.

"Resulta paradójico que se dejen de ingresar 3.000 millones de euros en impuestos, y que la Administración pague el salario de profesores que imparten una determinada religión; esto no es compatible con un Estado laico", ha manifestado el portavoz de JpD, que ha insistido en que España "está pasando de ser un Estado social a ser un Estado penal".