Jueces para la Democracia rechaza la reforma de la jurisdicción universal

Madrid, 29 ene.- Jueces para la Democracia ha expresado hoy su rechazo a la proposición de ley para la reforma de la jurisdicción universal regulada en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial española presentada por el PP.

En un comunicado esta asociación considera que esta reforma supone un evidente paso atrás en la lucha contra la impunidad en los crímenes de derecho internacional y en las posibilidades de actuación judicial en defensa de los derechos humanos a nivel global.

Recuerda que el principio de jurisdicción universal no supone ninguna invasión de la soberanía ajena pues únicamente se activa en los supuestos en los que el otro país no actúa ante los más graves crímenes de derecho internacional y que la Corte Penal Internacional es un tribunal con carácter complementario creado para los supuestos en los que los estados no persigan estos delitos y que países como Estados Unidos, China y Rusia no han ratificado su estatuto.

Jueces para la Democracia teme que esta reforma busque enterrar definitivamente la regulación de la jurisdicción universal para impedir el enjuiciamiento de los crímenes más graves cometidos fuera de España y conseguir de forma expeditiva el archivo de las causas que se siguen en territorio español.

Por otra parte, advierte de que en este tipo de infracciones penales, "en las que se han puesto constantemente de manifiesto las presiones de otros países para que en España no se investiguen determinados delitos, resulta manifiestamente rechazable la atribución de un protagonismo desproporcionado a la Fiscalía con la finalidad de dejar en sus manos el inicio de los procedimientos".

Explica que la Fiscalía tiene un funcionamiento jerarquizado en cuyo vértice se encuentra el fiscal general del Estado, que es nombrado a propuesta del Gobierno y recuerda el papel tradicionalmente contrario del Ministerio Público hacia la persecución de crímenes internacionales.

Jueces para la Democracia denuncia que de salir adelante esta iniciativa supondría el sobreseimiento de la causa por la querella sobre genocidio en el Tíbet, "que parece que ha sido el detonante de esta proposición de ley, ante las notorias presiones de China".

Añade que también provocaría el archivo de la causa en la que se investiga la muerte del cámara español José Couso en la guerra de Irak y de los procedimientos por genocidio en Guatemala, Ruanda y Sahara y del asesinato de Ignacio Ellacuría y otras personas en El Salvador, entre otros.

"Resulta especialmente grave que nuestra legislación renuncie a la persecución de graves delitos con víctimas españolas", subraya esta asociación judicial, para quien esta iniciativa "supone una intensa interferencia del ámbito político para acabar con las investigaciones judiciales sobre estos hechos a causa de intereses comerciales, diplomáticos o estratégicos".

Además, entiende que las "urgencias" de la misma están relacionadas con el principio de oportunidad y "no resultan compatibles con el sosiego, la reflexión y el análisis que requiere una modificación legal de semejante trascendencia para que se pueda valorar su necesidad y racionalidad".

Jueces para la Democracia recuerda que España ha sido uno de los países pioneros en la persecución de estas graves infracciones penales lo que "ha permitido el castigo de un buen número de criminales y ha evitado la posibilidad de que otras personas autoras de estos delitos puedan desplazarse impunemente a nivel global o se refugien en España".

Concluye advirtiendo de que esta proposición "implica una importante limitación de la protección de los derechos humanos por influencia de los países más poderosos".