"Decidimos por unanimidad declarar con lugar las diligencias" para retirarle la inmunidad a la jueza, dijo a periodistas el magistrado Rafael Rojas, presidente de la Cámara de Amparos y Antejuicios de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La petición para investigar a Flores fue hecha en abril pasado por la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente avalado por la ONU para sanear el sistema judicial.
En ese momento, la Cicig explicó en un comunicado que sospecha de Flores, presidenta del Juzgado Primero A de Mayor Riesgo, debido a que ésta habita una lujosa vivienda en un municipio al este de la capital que resulta "incongruente con sus ingresos como empleada pública".
Se constató "que la funcionaria reside en un lujoso inmueble que a primera vista pareciera desbordar el poder adquisitivo de un Juez de Primera Instancia", señaló la comisión, que apunta a que Flores construyó la propiedad con recursos ilícitos.
"Decidimos retirarle la inmunidad y ahora la juez (Flores) debe esclarecer la acusación ante un juez contralor", agregó el magistrado Rojas.
Flores estuvo involucrada en una polémica por anular en abril de 2013 lo actuado durante un mes en el juicio por genocidio contra Ríos Montt, acusado de la matanza de 1.771 indígenas mayas-ixiles durante su gobierno de facto entre 1982 y 1983. En ese momento dijo que existían apelaciones pendientes por resolver en el caso.
A pesar de esa resolución, el proceso continuó y el 10 de mayo un tribunal le impuso a Ríos Montt una pena de 80 años de prisión por genocidio, pero la sentencia fue anulada 10 días después por la Corte de Constitucionalidad, máxima instancia judicial del país, que adujo errores en el proceso.
El jueves pasado se tenía previsto iniciar un nuevo juicio contra Ríos Montt pero la fiscalía pidió internarlo en un psiquiátrico público para una segunda opinión médica, al refutar un estudio oficial que determinó que el exdictador está incapacitado mentalmente para enfrentar procesos judiciales.
La defensa del militar ha librado una batalla legal que ha evitado que se concrete el traslado.
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