La justicia española decidió este miércoles abrir juicio oral contra ocho exdirectivos de una caja de ahorros desaparecida, la CAM, por llevarla a la quiebra, para los que la fiscalía ha pedido una fianza civil de 1.592 millones de euros.
Una jueza de la Audiencia Nacional (principal instancia penal española) decidió juzgar a los ocho ex-directivos de la desaparecida Caja de Ahorros del Mediterráneo por delitos de estafa continuada agravada, falsedad documental, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil en 2010 y 2011, informaron fuentes judiciales.
El fiscal, que pide penas de más de siete años para la mayoría de los acusados, añade otros delitos para los antiguos directivos, entre los que figuran el expresidente de la entidad, Modesto Crespo.
Además, la fiscalía solicita una fianza civil de 1.592 millones de euros (1.806 millones de dólares) "para asegurar las presuntas responsabilidades civiles pecuniarias que en definitiva pudiera imponérseles", según el auto judicial hecho público este miércoles.
El documento considera como responsables civiles subsidiarios el Banco Sabadell, que adquirió la entidad tras su nacionalización, y la Fundación de la Comunidad Valenciana Obra Social Caja Mediterráneo (Fundación CAM).
El Fondo de Garantía de Depósitos español, personado en la causa, también pide nueve años de cárcel para los mismos, mientras que las acusaciones populares, ejercidas por dos particulares, reclaman 16 y 17 años de cárcel para todos.
Profundamente debilitada por su exposición a la construcción, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008, el Estado rescató a la CAM con 2.800 millones de euros en julio de 2011.
Apenas unos meses antes, en marzo de ese año, sus directivos habían declarado unos beneficios de 38,9 millones de euros, descubriéndose después un agujero de 1.136 millones de euros.
Tras su nacionalización, la CAM fue vendida por un euro simbólico al Banco Sabadell en diciembre de 2011.
Otros exdirectivos bancarios, como el antiguo presidente de Bankia, Rodrigo Rato, exministro de Economía y el director gerente del FMI, están inmersos en distintos procesos judiciales por su gestión al frente de distintas entidades.
La mala situación financiera de unas entidades lastradas por el estallido de la burbuja inmobiliaria precipitó en 2012 un rescate europeo a la banca española de 41.300 millones de euros, la mitad de los cuales fueron para Bankia.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios