Marta Berard
Sao Paulo, 14 abr.- Veinte años después de la masacre en la cárcel brasileña de Carandirú, el juicio que se reanuda mañana ha vuelto la mirada hacia los presidios del país, donde el poder de las mafias y las violaciones de derechos demuestran, según los expertos, que no se han aprendido lecciones del pasado.
La profesora de sociología y experta en temas de violencia de la Universidad de São Paulo, Camila Dias, considera que "no se aprendió nada" desde aquel 2 de octubre de 1992, en el que la Policía sofocó una revuelta en la cárcel paulista con 111 reclusos muertos.
La socióloga, que calificó de "dramática" la situación en los presidios, relató a Efe que la sobrepoblación es una constante en los penales brasileños, donde hay carencia de productos tan básicos como el papel higiénico.
A partir de la década de 1990 -explicó Dias- se inició un proceso de aumento del encarcelamiento y de construcción de nuevas unidades, que nunca fueron suficientes para combatir el hacinamiento.
Según datos oficiales, las cárceles brasileñas albergan a 514.000 personas, cifra que algunos expertos elevan hasta las 600.000.
La pésima opinión del estado de los presidios la comparte el mismísimo ministro de Justicia de Brasil, José Eduardo Cardozo, quien llegó a declarar a fines del pasado año que "preferiría morir" a pasar muchos años en las prisiones del país.
Las palabras del ministro, que levantaron una gran polémica, fueron secundadas por los jueces del Tribunal Supremo, que cuestionaron la posibilidad de reinserción en la sociedad debido al deplorable estado de los penales.
Además, el subcomité de prevención de la tortura de la ONU divulgó un informe el pasado año en el que denunciaba el grave estado de las cárceles brasileñas y, en concreto, recomendaba el cierre inmediato del penal Ary Franco, en el estado de Río de Janeiro.
La matanza en la cárcel de Carandirú, que en 2002 fue clausurada y posteriormente demolida, conmocionó a la sociedad brasileña, pero la debilidad del sistema penitenciario brasileño sigue tan vigente como entonces.
Dias considera que la violencia con la que las autoridades sofocaron la revuelta y una política de seguridad "extremadamente autoritaria dentro y fuera de las cárceles" fueron el caldo de cultivo para el nacimiento del Primer Comando de la Capital (PCC), una organización delictiva dedicada esencialmente al narcotráfico.
Para la socióloga, la violencia empleada por la policía a inicios de los 90 facilitó el nacimiento del PCC, que junto a otros grupos de presos organizados controlan la casi totalidad de las cárceles.
La experta recordó que en 1992, el año de la tragedia de Carandirú, la policía de São Paulo acabó con la vida de 1.470 personas dentro y fuera de los presidios.
El coordinador de la pastoral de prisiones de Brasil, el padre Valdir Joao Silveira, explicó a Efe que las organizaciones de presos nacen como oposición a la violencia y la tortura en las cárceles.
"La ausencia del Estado forzó que los presos se organizaran", aseguró el religioso, que considera que el legado positivo que dejó la tragedia es una mejora en la formación de los funcionarios de prisiones y más capacidad para afrontar los motines.
El padre Silveira también criticó la política de privatización de presidios iniciada por algunos estados brasileños, que, en su opinión, no sólo no soluciona el problema sino que lo agrava.
El religioso arrojó luz sobre el futuro al asegurar que han mejorado los mecanismos de prevención y combate de la tortura, además de la inspección para evitar prácticas degradantes.
De momento, el juicio contra los considerados responsables de la matanza de Carandirú, que se reanuda mañana, supone una leve esperanza para que la tragedia no se repita.
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