Madrid, 15 ene.- La Audiencia Nacional deberá decidir si reclama al FROB el expediente sobre retribuciones de la alta dirección de Caja Madrid entre 2007 y 2010, que podría haber supuesto un perjuicio de 14,8 millones, después de que UPyD haya recurrido la negativa del juez Fernando Andreu a solicitarlo.
La formación hizo esta petición el pasado 6 de diciembre, una semana después de que se conociera que el fondo de rescate español había enviado el expediente a Anticorrupción tras analizar un estudio "forensic" por parte de terceros independientes que apuntaban a eventuales responsabilidades de administradores y directivos de la caja.
Un día después, el magistrado se negó a hacerlo en una providencia en la que señalaba que la petición "se sustenta en una nota de prensa", la que redactó el FROB para informar de su actuación.
El partido critica que no dictara un auto para motivar su rechazo y ha interpuesto un recurso ante el juez, subsidiario de apelación ante la sala de lo penal, para que ordene practicar la prueba que ha solicitado y anule la citada providencia.
Según el escrito, Andreu "dedica un simple párrafo a rechazar la diligencia de investigación" bajo un argumento que no es "ni bueno ni malo, simplemente porque ni siquiera es un argumento", mientras que la nota de prensa de un organismo oficial "es más que suficiente" para que analizase la conveniencia o no de acceder a su petición.
Insiste en que "resulta imprescindible aclarar las circunstancias y el alcance de esta nueva "irregularidad" detectada por el FROB, que se viene a unir a aquella otra ya comunicada por dicho organismo hace unas semanas respecto de las tarjetas opacas" que el magistrado investiga en una pieza separada del "caso Bankia".
"Esta parte no puede aportar más información al respecto, precisamente porque el FROB, amén de la nota de prensa, no ha hecho público dicho informe, siendo imprescindible que sea aportado el presente procedimiento, toda vez que resulta innegable su utilidad y pertinencia", subraya.
Dicho informe analiza cuatro tipos de actuaciones en el periodo 2007-2010, y en todas ellas aprecia que se ha podido producir el cobro por parte de altos directivos de la entidad de retribuciones excesivas, en algunos casos sin que exista constancia del cumplimiento de trámites como el paso por los órganos de gobierno.
El FROB explicaba que en 2008 se aplicó a los miembros de la alta dirección una subida salarial significativamente mayor que la que debía, superior en algunos casos al 26 %, al tomar como referencia para el aumento una masa salarial mayor que la que existía en ese momento (el aumento global se repartió entre un menor número de miembros).
La retribución fija de esos directivos pudo conllevar la percepción indebida de algo más de 2 millones, mientras que sobre la variable, el exceso de incremento salarial, unido a la ausencia de documentación que soporte la fijación de objetivos y el grado de su cumplimento, pudo acarrear un ajuste por exceso de 1,8 millones.
De la misma manera, detectó una práctica en relación con las aportaciones al plan de pensiones de Caja Madrid, ya que se sustituía la parte que excedía del máximo deducible del IRPF por una gratificación extraordinaria, y que pudo causar un perjuicio de unos 1,84 millones para la entidad.
Por último, señaló posibles irregularidades en el extinción de varios contratos a altos directivos, así como en los pagos que en diversos conceptos se realizaron a estas personas, fundamentalmente en 2009 y 2010.
El posible perjuicio económico para la entidad podría alcanzar por este concepto los 9,1 millones.
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