La acusación pide al Supremo que actúe contra la subdirectora del Centro Rey Juan Carlos

Madrid.- Los abogados que se querellaron contra Baltasar Garzón por los cobros que recibió durante su estancia Nueva York en 2005 y 2006, han pedido al Tribunal Supremo (TS) que actúe contra la subdirectora del Centro Rey Juan Carlos I, Laura Turégano, que certificó las retribuciones del juez, por posible desobediencia.

En el escrito presentado hoy por los letrados Antonio Panea y José Luis Mazón ante el TS los querellantes piden al instructor de la causa, Manuel Marchena, que deduzca testimonio por posible delito de desobediencia contra Turégano por no cumplir el requerimiento formulado por el juez al no entregar la documentación solicitada sobre las retribuciones de Garzón.

El pasado día 10 la subdirectora del Centro Rey Juan Carlos I de la Universidad de Nueva York declaró ante Marchena, quien le pidió los justificantes de las retribuciones del juez.

En la respuesta que remitió al TS el 22 de junio, Turégano reitera que carece de dicha documentación y no tiene acceso a la misma ni autoridad para requerirla, aunque indica que "atendiendo escrupulosamente a lo requerido por el instructor" ha transmitido a las autoridades de la Universidad de Nueva York la petición del magistrado.

Para los querellantes, con esta contestación no sólo desobedece un requerimiento de cuya importancia ya fue advertida, sino que además "lo burla o escamotea dándole esquinazo".

Mazón y Panea, que ejercen la acusación popular, señalan que Turégano, como vicedirectora del centro, "era autoridad para expedir el certificado que por vía urgente le pidió Garzón".

Además, denuncian que las cifras recogidas en el certificado que emitió el 10 de marzo de 2008 no coinciden con la cantidad total que certificó.

Los abogados acusan a Garzón de prevaricación y cohecho por haber recibido presuntamente del Banco Santander más de 302.000 dólares durante su estancia en la citada universidad, entre 2005 y 2006, y después haber archivado una querella contra directivos del banco.

En este sentido, destacan que sumadas las cantidades que figuran en el documento entregado por Turégano dan un resultado de 290.203,20 dólares, faltando en consecuencia 11.796.80 para llegar a los 302.000 que se fijaron como retribución de Garzón.

Por último, aluden a las cartas remitidas por Garzón a diversas entidades que pudieron subvencionar los cursos y seminarios en los que participó el juez, como BBVA o Telefónica, y solicitan que se reclame a dichos organismos información desde julio de 2004.

Consideran que fue a partir de esa fecha cuando Baltasar Garzón puso "en funcionamiento la máquina de recaudar dinero valiéndose del cargo" con el envío de cartas a "destinatarios clave".

"La influencia y hasta el temor que infunde la petición de fondos por un relevante juez en cuyas manos las empresas tarde o temprano podían llegar a caer, puede llegar a plantear si se está en un supuesto de posible extorsión", advierte la acusación popular.