La Alta Comisionada para los Derechos Humanos condena y cree ilegal el excesivo uso de la fuerza

Ginebra.- La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, "condenó" hoy y definió de "ilegal" el excesivo uso de la fuerza llevado a cabo por policías y militares para reprimir las manifestaciones pacíficas que se desarrollan en distintos países del Magreb y de Oriente Medio.

"La naturaleza y el alcance de las violaciones a los derechos humanos que han tenido lugar en varios países de la región en respuesta a aquellos que están protestando pacíficamente para reclamar sus derechos fundamentales y sus libertades es alarmante", señaló Pillay en un comunicado distribuido hoy.

La Alta Comisionada lamentó las muertes ocurridas en las últimas semanas en Argelia, Bahrein, Irán, Iraq, Libia y Yemen.

Citó informes sobre muertes de manifestantes pacíficos, arrestos arbitrarios y detenciones seguidas de torturas, desapariciones forzadas, prohibición arbitrarias de manifestaciones y supresión de la libertad de expresión al clausurar o restringir el acceso a medios de comunicación y a internet.

"Particularmente es alarmante que se ataque a periodistas, abogados, defensores de los derechos humanos, y en el caso de Bahrein, incluso médicos que estaban atendiendo a los heridos. El uso de policías de paisano para reprimir las protestas es muy preocupante", agregó Pillay.

La Alta Comisionada condenó el uso de munición real en Libia, la utilización de tasers eléctricos en Yemen y de munición militar en Bahrein.

"El uso de fuerza letal por parte del personal de seguridad de Libia ha llevado a la muerte de más de 20 manifestantes", recordó Pillay, quien pidió investigaciones independientes sobre todos las violaciones y vejaciones cometidas en la región.

"A las personas en Medio Oriente y en el Norte de África no se les pueden negar las libertades básicas. Los manifestantes están llamando a la justicia, al respeto de sus libertades personales y sus derechos humanos, y por reformas políticas razonables y legítimas. Los gobiernos deben responder. Aplicar medidas represivas sólo fomentará más frustración, más odio y más inestabilidad".

"La raíces de este odio se encuentran en décadas de haber obviado las aspiraciones en pro de los derechos civiles y políticos, así como de los económicos, sociales y culturales. Los recursos disponibles en la región deben usarse para avanzar en estos derechos y no para beneficiar sólo a algunos. Hay una necesidad urgente de reformas económicas y políticas", concluyó Pillay.