La apm pide al gobierno que retire de la ley de seguridad ciudadana las normas que vulneran la libertad de expresión

La Asociación de la Prensa de Madrid, (APM) pidió este viernes al Gobierno que retire de los anteproyectos de ley en tramitación parlamentaria (Ley de Seguridad Ciudadana, Ley Orgánica del Poder Judicial) y de los que planea presentar en el futuro (Ley de Enjuiciamiento Criminal) todas las normas que vulneren los derechos a la libertad de expresión y de información.
En una declaración con motivo del Día Internacional de la Libertad de Prensa que se celebra hoy, 2 de mayo, la APM, demanda también al Gobierno central y al autonómico que "configuren medios públicos independientes y plurales, dotados de los suficientes recursos financieros para cumplir sus misiones de interés general al servicio de los ciudadanos, en un marco que ampare la independencia y el pluralismo en los servicios informativos".
También reclama a los editores y a los directores de los medios que "protejan y salvaguarden la independencia de sus periodistas frente a los intereses de los poderosos" y a los grupos parlamentarios que "reconozcan los derechos de autor de los periodistas como componente esencial de un oficio que basa buena parte de su trabajo en defender los derechos de los demás".
Insta a los editores y a los directores de los medios a que "mejoren la situación laboral y salarial de los periodistas, sobre todo de los colaboradores y los 'free lance', obligados a trabajar en condiciones de indefensión y con tarifas humillantes".
Por esto, solicitan al Ministerio de Empleo que refuerce las inspecciones a los medios que están vulnerando el derecho constitucional al trabajo remunerado y recuerda a los periodistas que "la credibilidad perdida se recupera si asumimos que estamos al servicio de los ciudadanos y que, bajo esta premisa, debemos cumplir con la obligación de controlar los poderes a fin de impedir que consigan su objetivo de convertirse en fuentes únicas de la verdad".
Asimimo, denunció que "la crisis económica ha causado en el sector periodístico español, entre otros males, el debilitamiento de la independencia de los medios y de los periodistas, sometidos hoy en día a la creciente presión de los poderes, ávidos de convertir la información en propaganda, la crítica en elogios, la información en desinformación" y subrayó que "los periodistas que siguen en las redacciones tienen menos posibilidades que antes de resistir las presiones, amenazados como están de engrosar las estadísticas del paro del sector –más de 5.000 empleos perdidos en la comunidad de Madrid en los últimos seis años- o de ver rebajado su ya menguado salario de forma drástica".
Esta pérdida de independencia de los medios, agregó la declaración "se expresa, entre otras cosas, en el arrinconamiento, e incluso el despido, de los periodistas que rechazan las presiones y optan por servir a los ciudadanos antes que a políticos o empresarios, cuya meta es que su propaganda se camufle como noticia".
Por último, concluyó, que el año transcurrido en la Comunidad de Madrid desde la anterior celebración del Día Internacional de la Libertad de Prensa ha sido "muy negativo", con centenares de despidos y fuertes recortes salariales. "Solo en Telemadrid perdieron el empleo 861 trabajadores (el 75 por ciento de su plantilla), en aplicación de un ERE declarado improcedente el 26 de marzo por el Tribunal Supremo".