La Audiencia exonera al alcalde de Valladolid de un delito urbanístico

Valladolid, 30 oct.- Un auto, emitido este mediodía por la Audiencia Provincial de Valladolid, no ha apreciado "indicios suficientes de responsabilidad delictiva" en el alcalde de esta capital, Francisco Javier León de la Riva (PP), por la manipulación del PGOU tras la tramitación legal de su modificación en 2003.

La Audiencia, por tanto, ha desestimado la petición de imputación realizada en 2013 por la fiscalía y la Federación de Vecinos "Antonio Machado" después de que, ese mismo año, el Juzgado de Instrucción Número 1 de Valladolid ya rechazase responsabilidad alguna tanto del alcalde como del concejal Manuel Sánchez.

La alteración o manipulación de la modificación legal del PGOU después del pleno que la aprobó, y antes de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, fue denunciada en 2008 por el Grupo Socialista.

Consistía en la variación de algunos artículos para facilitar un exceso de edificabilidad en determinadas parcelas urbanas, lo que motivó en julio de 2013 la apertura de un proceso con la imputación de doce personas y cuatro empresas pero no del alcalde, por lo que meses después, ésta fue solicitada a través del recurso resuelto hoy.

En su resolución, los magistrados entienden que atribuir al alcalde una responsabilidad penal por todo lo que se realice en el ámbito municipal "sería extender en demasía la responsabilidad criminal, que está asentada en principios culpabilísticos y no tanto en concepciones objetivas que imperan en el orden civil o contencioso administrativo".

"No es bastante su condición de alcalde y su actuación como tal en los diversos órganos del ayuntamiento para inferir su participación voluntaria en los presuntos delitos investigados", añade el auto firmado por los magistrados Feliciano Trebolle -presidente de la Audiencia Provincial de Valladolid-, Fernando Pizarro y Miguel Ángel de la Torre.

Para ello es preciso que consten hechos de los que pueda apreciarse en el alcalde "algún tipo de intervención o cooperación" en las realización de las alteraciones del PGOU bien "con conocimiento de ello", bien con su colaboración "de forma intencional" en decisiones urbanísticas "derivadas de aquella manipulación en contra del ordenamiento jurídico".

Los magistrados, por tanto, no han observado "suficientes indicios" en esas actuaciones y han rechazado la imputación requerida a través de un auto contra el que no cabe recurso en jurisdicción ordinaria.

El alcalde de Valladolid no ha sido imputado por este caso, pero sí se sentará en el banquillo el próximo mes de abril, un mes antes de las próximas elecciones municipales, por un presunto delito de desobediencia civil relacionado con un caso urbanístico de una vivienda de su propiedad en el centro de Valladolid.