Madrid.- La Audiencia Nacional ha condenado a 29 años de cárcel a los miembros de los GRAPO Israel Clemente López y Jorge García Vidal por el atraco a una sucursal de Caja Mar en Murcia el 7 de marzo de 2007 para lo que retuvieron al interventor de la entidad.
Así lo ha acordado la sección cuarta de la sala de lo penal de este tribunal en una sentencia en la que también condena a dos años de prisión al presunto integrante de los GRAPO Ramón Arango Riego por un delito de receptación, ya que los otros dos condenados le entregaron el dinero sustraído para que lo distribuyera entre otros miembros de la banda terrorista.
El tribunal, formado por los magistrados Ángela Murillo, Teresa Palacios y Carmen Paloma González, condena a Clemente López y García Vidal por los delitos de integración terrorista, detención ilegal y robo con intimidación y, además de la pena de cárcel, les prohíbe aproximarse al interventor de la sucursal durante 10 años, así como a indemnizarle con 20.000 euros por daños y perjuicios.
La sentencia considera probado que los dos terroristas, "obedeciendo fielmente" las instrucciones que les dio la cúpula de la banda, de la que eran "meros miembros" y formaban el "comando ejecutor", decidieron robar la citada sucursal bancaria para "hacer suyo todo el metálico que existiera en su caja fuerte".
Para ello, subraya la sala, Clemente realizó labores de seguimiento sobre el interventor y cuando contaron con los datos relativos a su domicilio y horarios, ambos terroristas lo esperaron en la puerta de su casa sobre las 06:50 horas del 7 de marzo de 2007, lo abordaron y tras mostrarle las armas que portaban y amenazarle de muerte, le obligaron a que les llevara hasta el banco.
Una vez en el interior y después de abrir la caja fuerte, los acusados sustrajeron 34.666 euros, ataron a su víctima y le advirtieron de que al menos durante diez minutos "se abstuviera de hacer absolutamente nada".
Ese dinero "fue íntegramente entregado", por decisión de la dirección de los GRAPO, a Ramón Arnago Riego, que conocía que "tal metálico procedía de lo que ellos denominaban 'expropiaciones a entidades bancarias', a fin de que éste se encargara de distribuirlo entre otros integrantes de esta organización".
El tribunal basa su condena en las declaraciones autoinculpatorias de Clemente López y García Vidal tanto durante la instrucción como en el juicio, las del interventor, así como en los documentos incautados en papel y en soporte informático en el domicilio de Arango Riego y en las reuniones que éste mantuvo con Israel Clemente tres meses después de ocurrir el atraco.
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