La audiencia nacional decide mañana si archiva la causa contra china por el genocidio del tíbet

El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidirá este lunes si el juez Ismael Moreno continúa investigando la causa abierta contra varios dirigentes chinos por el genocidio del Tíbet o si se archiva en aplicación de la reforma de la justicia universal aprobada el pasado mes de marzo. El debate sobre esta causa fue aplazado en la última reunión del Pleno, convocado el pasado 6 de junio, por la complejidad del caso.
En su reunión de este lunes, la Sala de lo Penal también analizará el futuro de la causa abierta por la muerte, en noviembre de 2010, del español Babi Hamdai Buyema, durante el desalojo del 'Campamento de la Dignidad' en el Sáhara Occidental, y la excarcelación de varios narcotraficantes egipcios apresados en aguas internacionales.
En el caso del Tíbet, el juez Moreno imputó a los expresidentes chinos Jiang Zemin y Hu Jintao. Las protestas diplomáticas de las autoridades chinas por este asunto están en el origen de la reforma de la justicia universal, según denuncia la oposición y diversas ONG.
También están imputados en este caso el exprimer ministro Li Peng, el jefe de la seguridad china y responsable de la Policía Qiao Shi, el exsecretario del partido en el Tibet Chen Kuiyan y el exministro de Planificación familiar Peng Pelyun.
Moreno concluyó el procedimiento el pasado 21 de abril y lo elevó a la Sala para que fuera ésta la que decidiera sobre su archivo, tal y como defiende la Fiscalía que debería ocurrir con la docena de causas de justicia universal abiertas en la Audiencia Nacional. La Sala será, por tanto, la que decida sobre el archivo o no de la causa o sobre la remisión de la reforma al Tribunal Constitucional.
La reforma de la justicia universal aprobada en el Parlamento a propuesta del PP establece que los procedimientos por genocidio o lesa humanidad tengan que dirigirse contra un ciudadano de nacionalidad española o extranjero que resida en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas. También es requisito imprescindible que exista una querella del agraviado o del Ministerio Fiscal.
En la causa sobre el Tíbet, Moreno investiga el genocidio, las torturas y los delitos de lesa humanidad que se habrían producido en la región, en la que habrían muerto un millón de personas durante los últimos cincuenta años, entre las que no consta que haya españoles.
Son varios los jueces de la Audiencia Nacional que consideran que España debe cumplir con la legalidad de los tratados internacionales contra los crímenes de lesa humanidad y genocidio suscritos y de obligado cumplimiento, como el Tratado de Ginebra.
'CAMPAMENTO DE LA DIGNIDAD'
En el caso de la muerte de Babi Hamdai Buyema durante los disturbios para el desalojo del 'Campamento de la Dignidad' en El Aaiún, el fiscal Pedro Rubira se pronunció en contra de archivar el caso, iniciado a partir de una querella del hermano del fallecido y la Liga Española Pro Derechos Humanos.
El fiscal entiende que Marruecos no es competente para investigarlo porque no se produjo en territorio de su jurisdicción. "Tanto a nivel formal como jurídico, al Sáhara español se le consideraba como una provincia española", recoge el escrito, para concluir que España se convirtió en su "potencia administradora" desde 1965.
finalmente, el Pleno estudiará el recurso de la Fiscalía Antidroga contra la decisión del juez Fernando Andreu de excarcelar a ocho egipcios detenidos el pasado 6 de marzo a unas 60 millas al sureste de Cabo de Gata (Almería), cuando transportaban un total de 9,8 toneladas de hachís distribuidas en 450 fardos en un pesquero llamado 'A la voluntad de Dios'.
El magistrado declaró la falta de jurisdicción de los tribunales españoles para perseguir estos hechos, que encajarían en un delito de tráfico de sustancias estupefacientes cometido por ciudadanos extranjeros, argumentando que los marineros arrestados no son de nacionalidad española, el barco en el que transportaban la droga no tiene pabellón de España y tampoco tenían intención de cometer el delito en este país, dado que fueron detenidos cuando se dirigían a Libia.